• Política

Yo tampoco tengo dinero para comprar conciencias, responde Alberto Sosa

Asegura que a él lo respalda su antigüedad laboral en el poder judicial

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Sosa Hernández, exigió que los señalamientos que se han hecho en su contra, sean sustentados, pues afirmó que desde hace 30 años que ha laborado dentro del poder judicial, jamás ha hecho algo que esté oculto.

Entrevistado posterior a su reelección como presidente del TSJE en el salón del pleno, afirmó que su vida siempre ha sido pública, y aseguró que cualquier acusación en su contra sin pruebas no tiene ningún valor.

"Cualquiera de nosotros puede decir muchas cosas, la cuestión es que cuando nosotros hablemos de algo, necesitamos decir qué cosa es", sentenció.

Y es que Sosa Hernández recibió fuertes acusaciones por parte de la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien afirmó que las elecciones ya habían sido arregladas por él mismo, a lo cual, Sosa Hernández argumentó que la votación se hizo de forma abierta para evitar este tipo de mal entendidos.

"Si yo tengo la fortuna de tener votos a favor para que me elijan, quiere decir que es producto de una conducta, si no tengo los votos para que yo sea elegible, también es producto de una conducta", añadió.

En ese sentido, respondió a la declaración de Castañeda Palmeros, quien dijo no tener dinero para comprar conciencias, por ello el magistrado presidente aseveró lo siguiente:

"Yo le puedo decir una cosa, yo tampoco tengo dinero para comprar ni una sola conciencia, lo único que hago es trabajar y mi trabajo está a la vista y se hace patente para todos", aclaró.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz contará con un presupuesto de mil 450 millones de pesos para los próximos 3 años, sin embargo Sosa Hernández recordó que se espera la aprobación del congreso del estado para recibir un aumento del 4.5 por ciento.

Además, insistió que los principales retos para su próxima gestión, consistirán en la capacitación y especialización de personal para los nuevos retos que implica el nuevo sistema penal, así como infraestructura y por último, asegurar que todos los juzgadores del estado actúen dentro del marco jurídico.

Versión para impresión