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Proponen intervención educativa en estados con conflictos

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El secretario de Educación reconoció que la reforma educativa no se ha podido echar a andar plenamente en todo el país

El gobierno federal analiza incluir en la ley sobre la materia educativa, la figura de “intervención federal” cuando se compruebe que la educación en determinados estados no se imparte de acuerdo con los lineamientos establecidos, dijo el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia, el funcionario afirmó que este planteamiento ya se hizo ante los gobernadores y “se estudia la figura de intervención federal, cuando las  quejas sean severas, frecuentes y comprobables, a fin de que, de ser necesario, el gobierno federal sustituya la educación hasta que se normalice el servicio en la entidad conveniente”.

‘“La Reforma Educativa no se ha podido echar a andar plenamente en todo el país, pero se aplica en 29 entidades, lo que nos da la posibilidad de seguir siendo optimistas sobre que se aplicará en todo el país”, reconoció el funcionario según una nota del periódico Excélsior.

Oaxaca y Guerrero, señaló, “son estados que desde diciembre de 1980, hace 35 años, han tenido problemas que originalmente eran intrasindicales nosotros vamos a tener que ir tomando medidas para evitar que se siga dando el incumplimiento del Estado de derecho”.

Sin embargo, explicó que tienen limitantes y habría que hacer más modificaciones legales particularmente al acuerdo de 1992 “que descentralizó la educación, pero lamentablemente dejó a la SEP sin posibilidades de operar los sistemas educativos que ahora operan los estados y sin poder aplicar las leyes educativas”.

 

A manera de ejemplo citó que “si se quiere castigar a un profesor que falta más de tres meses la SEP no lo puede hacer, porque no le llega la información, pues eso lo realizan los estados, debe haber controles en las responsabilidades de los tres niveles de gobierno y revisar la centralización”.

Hacen trampa en la asignación de plazas docentes

Primero lo hizo Oaxaca y ahora Michoacán.

El gobierno michoacano también encontró la forma de violentar la Ley General del Servicio Profesional Docente, denunció la agrupación Mexicanos Primero.

De acuerdo con otra nota del periódico Reforma, para el actual ciclo escolar y debido a la necesidad de profesores frente a grupo, la Secretaría de Educación del Estado entregó 988 plazas temporales a egresados normalistas sin concurso de por medio.

Después de seis meses, acusó Érik Avilés, director de Mexicanos Primero en Michoacán, dichas plazas se convirtieron ayer en puestos definitivos.

"El contrato se manejó como plazas temporales, pero las plazas se convierten en definitivas porque la Ley Federal del Trabajo es muy clara: señala que los trabajadores tendrán base a los seis meses y un día de trabajo.

"Fue una manera tramposa de darle la vuelta a la ley e ingresar al Servicio Profesional Docente sin ningún concurso de oposición de por medio, sin ninguna selección, pues a todos los egresados de las escuelas normales michoacanas se les otorgó una plaza temporal que será definitiva cuando se cumpla la antigüedad respectiva", denunció.

 

Estudiantes normalistas de Michoacán fueron de los principales opositores a la realización del primer Concurso para el Ingreso a la Educación Básica, en julio pasado, una de las acciones derivadas de la reforma educativa de 2013.

Incluso, con su boicot a la aplicación de esos exámenes, obligaron a las autoridades educativas a trasladar su aplicación al Distrito Federal.

Pese al rechazo de los normalistas, mil 588 aspirantes a maestros lograron presentar sus exámenes en la Ciudad de México, aunque de ellos un 70 por ciento no alcanzó el nivel idóneo establecido por el INEE y no pudieron ingresar al servicio docente.

Ante tal escenario, el Secretario de Educación estatal, Armando Sepúlveda, pactó con los normalistas la entrega de 988 plazas temporales.

Incluso varios de los estudiantes rechazados tras el examen optaron por esta vía de la plaza temporal para incorporarse al servicio, pues es una manera de obtener el puesto sin mayor trámite, destacó Mexicanos Primero.

En crisis magisterio disidente

 

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), que aglutina a alrededor de 30 mil maestros disidentes de toda la entidad, vive la fractura más importante en sus 26 años de vida, con un bloque moderado —que apoya al actual dirigente, Ramos Reyes Guerrero— y otro radical, encabezado por Antonio Morales, de la Región Centro; Manuel Salvador Rosas, de la Costa Grande, y Walter Emmanuel Añorve, de Acapulco, entre otros, que planea destituirlo.

Aunque las disputas comenzaron en 2013, cuando el magisterio disidente se opuso a la reforma educativa y se fragmentó en los dos bloques ya citados, los desacuerdos comenzaron a agudizarse a partir de septiembre pasado durante las acciones en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, movimiento en que la CETEG desempeñó un papel activo.

Si bien ya se habían evidenciado serias desavenencias, como en noviembre pasado —cuando ambos grupos no se pusieron de acuerdo sobre la duración de un bloqueo a la Autopista del Sol—, el punto de quiebre más importante durante estos cinco meses ocurrió el 17 de febrero pasado.

Ese día, Ramos Guerrero, junto a comisionados de tres de las ocho secciones educativas, decidió que un día después, el 18 de febrero, entregarían los vehículos retenidos durante el movimiento y se retirarían de los edificios públicos tomados.

 

Sin embargo, el acuerdo se incumplió porque los maestros de las regiones opositoras a Ramos se negaron. Tampoco aceptaron entregar las oficinas de servicios educativos tomadas a la fecha. La organización se tensó. La idea de que Ramos es un traidor se insertó en la mayoría de las bases.

Según otra nota del periódico El Universal, otro fuerte desacuerdo se generó luego del desalojo del 24 de febrero en Acapulco, cuando al interior de la CETEG comenzaron a surgir versiones encontradas sobre la reunión pactada con Gobernación para ese día y que, de último momento fue cancelada, lo que habría provocado el enojo de los maestros y el posterior bloqueo de la avenida bulevar de las Naciones.

En este juego de declaraciones, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, dijo al periodista Ciro Gómez Leyva que fue Ramos Guerrero quien le pidió posponer. Éste lo negó, sin embargo, la versión del funcionario generó dudas en torno a Ramos Reyes.

De hecho, una parte del ala radical considera que el dirigente ha negociado con Miranda, sin consultar con todos, prebendas y plazas, entre otros acuerdos, para lograr convencer a las bases de levantar el plantón que mantienen desde el 8 de octubre en el zócalo de Chilpancingo, así como entregar edificios públicos y autos retenidos.

 

Las bases que aún son fieles a Ramos pertenecen a la Montaña Alta, Montaña Baja y Costa Chica, mientras que Acapulco, Centro, Tierra Caliente y Costa Grande, donde se concentra el grueso de maestros de la organización, que aglutina a 30 mil docentes de los 60 mil que hay en Guerrero, ya lo desconocieron públicamente e impulsan un congreso político para destituirlo.

“Tengo cinco años militando en la CETEG; lo que estamos visualizando es algo raro. Las condiciones que se están dando son desconcertantes, se maneja que un pequeño acuerdo de pequeños grupos para desmovilizar el movimiento. No nos dicen nada del pliego petitorio, sólo Ayotzinapa; aparece gente que nunca había estado en el plantón, participando en las marchas”, cuenta Víctor Hernández, de la región Centro opositor a Ramos.

 

El profesor asegura que la permanencia de su secretario general se debe arreglar cuanto antes, y dirimir sus diferencias en una Asamblea Estatal, porque nadie tiene claridad de lo que está sucediendo. “Nos piden que ya no digamos nada de nuestras demandas como magisterio y que entreguemos los vehículos oficiales”.

Considera que el problema se agudizó el 17 de febrero cuando Ramos les comunicó que tendrían que entregar los vehículos, pero desde noviembre pasado ya había problemas al interior, al respecto, sobre todo, de las acciones que determinaban algunas regiones para continuar en el movimiento.

Antecedentes. En 2013, en marzo, cuando el conflicto magisterial contra la reforma educativa, estaba en su punto más álgido, Gonzalo Juárez Ocampo, originario de Taxco de Alarcón, región norte de Guerrero, fue desconocido por las bases que aseguraban había negociado con la federación de aceptar frenar el movimiento.

 

En ese tiempo, la otra fracción se concentraba con el vocero del magisterio, Minervino Morán Hernández, Mario Zamora, quienes consideraban que era mejor continuar con el movimiento con acciones radicales como las que habían realizado, como la de quemar sedes de partidos políticos y bloquear, en lugar del planteamiento moderado de Gonzalo que consistía en la negociación y diálogo con las autoridades.

Sin embargo, esos problemas se diluyeron con el cambio de Comité Ejecutivo Seccional Democrático. Esos líderes, de acuerdo con Ramos Reyes, aún siguen con órdenes de aprehensión y averiguaciones previas, junto a otros dirigentes de ese movimiento.

Ramos Reyes Guerrero despacha en el edificio de la CETEG. Ya no va al plantón que mantienen sus representados desde el pasado 8 de octubre. Dice que las “dificultades” se dirimirán el próximo 13 de marzo, cuando está proponiendo la asamblea estatal. Está dispuesto a que lo destituyan, aunque su periodo culmina hasta el año 2017. “Pero yo no negocié con Miranda”.

 

Explica que lo que ocurrió el pasado 24 de febrero en Acapulco, cuando los maestros disidentes fueron desalojados, fue culpa del gobierno federal, de nadie más. Niega que él haya ocultado algún tipo de información.

Sin embargo, Walter Emmanuel Añorve y Salvador Rosas Zúñiga sostienen que Ramos ha fracturado a la CETEG negociando a espaldas de todas las regiones. Están dispuestos a discutir su permanencia.

Para destrabar el conflicto de la CETEG, su órgano máximo, la CNTE, instruyó a los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación, que agrupa a secciones como la 22 de Oaxaca; la 9, del Distrito Federal; la 7, de Chiapas, a que investiguen el fenómeno y apoyen a arreglarlo. “Lo que se requiere es unidad”, coinciden ambos grupos opositores.

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