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Senadores se pronuncian contra violencia sexual en Veracruz

Presentan punto de acuerdo; buscan que se haga un llamado al titular de la CEDH, Namiko Matzumoto, para que brinde seguimiento puntual.

Ciudad de México. Mientras en la Cámara de Diputados federal los legisladores veracruzanos del PRI guardan silencio sobre los problemas que ocurren en su entidad, en el Senado de la República Jesús Casillas Romero se convirtió en el primer legislador priísta en sumarse a las voces que exigen poner orden en el estado de Veracruz.

Junto con un numeroso grupo de senadoras y senadores del PRD, a los se unieron también las legisladoras Mariana Gómez del Campo (PAN) y Martha Tagle Martínez (sin grupo parlamentario), el senador del PRI Casillas Romero suscribió un punto de acuerdo para exigir al gobierno de Veracruz frenar la violencia sexual en la entidad.

En el documento, advierten que los efectos de la violencia sexual en contra de las mujeres y niñas pueden ser devastadores tanto en la vida de las víctimas como de sus familiares, situación que se agrava cuando las víctimas no son atendidas adecuadamente y no se les garantizan sus derechos al acceso a la justicia y a la reparación del daño.

Aclaran que los actos que constituyen violencia sexual abarcan desde el acoso hasta la violación, y va acompañada de una variedad de tipos de coacción hacia la víctima.

Destacan que de acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva de 2015, en el país registraron un total de 12 mil 156 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por la comisión de delito de violación sexual.

“Sin embargo, esta cifra, representa solo una pequeña proporción de los casos cometidos, estudios realizados en América Latina han arrojado que solo alrededor del 5 % de las víctimas adultas de violencia sexual notifican el hecho a una autoridad”, y las razones por las que no se presentan las denuncias son diversas y van desde la vergüenza y el temor a las represalias, hasta el miedo a ser tratadas mal o ser socialmente marginadas.

Indicaron que en ese contexto se enmarca el caso de la presunta violación sexual cometida en el estado de Veracruz contra una menor edad, a manos de sus propios ex compañeros del Instituto Rougier: Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, como lo reveló el padre de la víctima.

Los legisladores destacan que de acuerdo a versiones periodísticas, a casi un año de que el padre de la presunta víctima denunció penalmente el delito y haber aportado elementos y evidencias suficientes para consignar y responsables, sigue sin aplicarse la justicia.

Mientras tanto el fiscal del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dice que los videos donde cuatro jóvenes admiten haber abusado sexualmente de una joven veracruzana llamada Dafne, no son la confesión de un delito.

Los senadores subrayaron que este caso ha indignado a diferentes sectores de la sociedad y entre las exigencias de justicia destaca la carta de Mujeres en Plural, dirigida al Gobernador, al Fiscal y al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal, misiva en la que se les señala lo siguiente:

“Confesar en vídeo la conducta delictiva no diluye la culpa; por el contrario, es un elemento más del escarnio y revictimización de la afectada al causarle daño en su vida privada, en su intimidad y en su entorno social. Lo realmente objetivo para la autoridad es que se debió investigar de inmediato por ser ésta menor de edad, lo cual no sucedió.  Se cuenta con el señalamiento de la víctima, con las periciales y las testimoniales desde mayo pasado, por tanto, en noviembre la fiscalía tendría que haber ejercitado la acción penal y no lo hizo.

“En este caso, como en muchos otros, se evidencian graves violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del Estado y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, por supuesto, al Código Penal del Estado de Veracruz. Es inadmisible que la autoridad no haya procedido conforme lo marca la Ley”.

Las legisladoras y legisladores recordaron que el pasado 28 de marzo se denunció mediáticamente otro caso de violencia sexual en donde se señala como responsables a alumnos Universidad del Valle de México ubicada en Boca del Río.

Este otro caso sucedió en una fiesta que se llevó a cabo en el fraccionamiento La Tampiquera, en donde la víctima, las amigas y los presuntos responsables bebieron whisky durante horas y la joven perdió el conocimiento.

Un día después la víctima se enteró, a través de un video que se hizo viral entre la comunidad universitaria, que habían abusado sexualmente de ella. Por lo que acudió en compañía de su madre a presentar la denuncia penal.

“Lo que está ocurriendo en Veracruz debe alertar a la sociedad de todo el país, tanto por la corrupción mostrada por las autoridades como por la inadmisible perpetración de la violencia contra las mujeres y las niñas”, dicen los legisladores.

Por ello, el punto de acuerdo que presentarán es para pedir que el Senado de la República exhorte al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, “a que informe a esta soberanía la situación que guardan los casos de violencia sexual en contra de mujeres y niñas denunciados penalmente en la entidad en los últimos 4 años.

Además de exhortarlo a reforzar las acciones de política pública destinadas a garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y niñas que viven o transitan en la entidad; especialmente, las acciones tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual.

El punto de acuerdo también busca que se haga un llamado al titular de la Comisión de Derecho Humanos de Veracruz, Dra. Namiko Matzumoto Benítez, para que brinde seguimiento puntual en los casos identificados con los números de  averiguación previa 592/15 y 275/2016.

Asimismo, realice un informe puntual sobre la violencia sexual en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las quejas que se investigan por la Comisión Estatal relacionadas con la protección, el acceso a la justicia y la reparación del daño para víctimas de violencia sexual.

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