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La red de impunidad en el caso de cantante de la Voz México

  • Miguel Ángel León Carmona
Al menos 13 ex funcionarios de la SSP y de la Fiscalía de Veracruz dieron impunidad a quienes participaron de forma material o intelectual.

Xalapa, Ver. - Al menos 13 ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) habrían formado parte de una red para dar impunidad a quienes participaron de forma material o intelectual en la desaparición forzada de Gibrán Martíz Díaz, ex cantante de La Voz México y dos jóvenes más, ocurrida en enero de 2014.

La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) número 14 / 2015 sobre el caso Gibrán Martíz, hace señalamientos sobre lo que hicieron o dejaron de hacer funcionarios del gobierno duartista para dejar el crimen sin castigo.

De acuerdo con testimonios, el pasado 07 de enero de 2014 una veintena de policías, distribuidos en tres unidades de la SSP se apersonaron entre las 15:00 y las 16:30 horas en un departamento ubicado en la calle Ferrocarril, número 124, en Xalapa, donde vivían Gibrán Martíz Díaz, Sergio Luis Martínez Hernández -de 17 años-, y José Eduardo de la Cruz Caballero.

Tras una inspección en el departamento de los jóvenes, sin una orden de cateo de parte de los oficiales, Gibrán Martíz y el menor de edad fueron trasladados en la camioneta 201778, mientras que José Eduardo de la Cruz Caballero fue visto esposado abordo de vehículo color gris de cristales polarizados. A los tres se los llevaron con rumbo desconocido.

Amadeo Flores Espinosa, ex procurador de Justicia en Veracruz

Efraín Martíz, refirió que, la primera entrevista se dio con el entonces procurador de Justicia, Amadeo Flores Espinosa, quien negó la existencia de la patrulla número 20 – 1778, donde según testigos, Gibrán Martíz y Sergio Luis Martínez fueron trasladados con rumbo desconocido. 

Sin embargo, la versión de Flores Espinosa -ex dirigente estatal del PRI-, fue desacreditada con fotografías aportadas por los padres que mostraba la patrulla 20 – 1778 estacionada a las afueras de la Academia de El Lencero, donde se presume estuvieron privados de su libertad Gibrán Martíz y Sergio Martínez, durante 13 días.

El 18 de enero de 2014 los cadáveres de ambos fueron hallados en un paraje de Puente Nacional, a 55 kilómetros del puerto de Veracruz; presentaban el tiro de gracia y rastros de tortura como golpes en el cuerpo y descargas eléctricas.

Enoc Maldonado Caraza, entonces director de Investigaciones Ministeriales de la PGJE fue quien acompañó a los padres a reconocer los cadáveres. Aunque al llegar al lugar de los hechos, el funcionario ya había reportado “la versión oficial" a su jefe, Amadeo Flores Espinosa, quien inmediatamente la replicó en un comunicado.

“Él - Maldonado Caraza - fue quien construyó la farsa de que a mi hijo y a Sergio los encontraron tras un enfrentamiento entre delincuentes y Fuerzas Armadas”, compartió Efraín Martíz.

Tres días después del doble asesinato -el 21 de enero-, Amadeo Flores anunció la detención de siete policías: Felipe de Jesús López Domínguez, Uriel Pérez, Manuel Ortiz Alarcón, José Luis Pérez Vela, Iván Cortés Espíritu, Mauricio Rodríguez Santiago y Abel Bruno Martínez, respectivamente.

Todos fueron imputados por abuso de autoridad, coacción, e incumplimiento de un deber legal en agravio del servicio público. “Es increíble la decisión de este señor (Amadeo Flores). Mi hijo y el menor de edad aparecieron muertos, mientras que el tercer joven (José Eduardo de la Cruz Caballero) seguía desaparecido. No los investigaron por desaparición forzada”.

Los policías detenidos, excusaron su responsabilidad diciendo que tras la detención de los jóvenes también los liberaron, más no aportaron el lugar, ni el paradero de Eduardo de la Cruz Caballero.

Silvestre Medina Gasca, director de Asuntos Internos de la SSP

Silvestre Medina Gasca, director de Asuntos Internos de la SSP, puso a disposición del juez a siete policías, a pesar de que testigos presenciales advirtieron sobre la participación de al menos 15 uniformados de la SSP.

“Él es la próxima persona que la Fiscalía (hoy dirigida por Jorge Winckler Ortiz) debe investigar. Si se comprueba en las investigaciones que en la desaparición participaron más elementos y dejó de dar información también cometió un delito. Sobre él hay que ir porque entonces mintió a un juez”, solicitó Martíz Aguirre.

Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal general del Estado

El 19 de febrero de 2014 Amadeo Flores presentó su renuncia a la PGJE y su lugar fue ocupado por Luis Ángel Bravo Contreras quien dio continuidad a la investigación por la desaparición forzada de los tres jóvenes veracruzanos.  

“En un inicio se mostró cooperativo. Me dejó claro que detrás de la desaparición de Gibrán estaba Arturo Bermúdez y que no se iba a quedar callado. Luego pasaron los meses y lo conocí realmente”, recordó Efraín Martíz Aguirre.

El padre de Gibrán Martíz, emprendió investigaciones por su cuenta y entregó a Bravo Contreras la geolocalización del joven. “Mi hijo estuvo 13 días detenido ilegalmente en la academia de policías de El Lencero (en Emiliano Zapata). Hay pruebas en el GPS de su teléfono”, señaló Efraín Martíz Aguirre.

Efraín Martíz también informó que la última señal satelital de Gibrán Martíz se registró en el fraccionamiento Ánimas, a unos metros del domicilio de Arturo Bermúdez Zurita.

La respuesta de Bravo Contreras llegó de botepronto: “Le enseñé los registros satelitales, pero me contestó que la señal había dado datos erróneos por un tema de antenas repetidoras. Mentira, fue una explicación absurda”.

Sobre esta diligencia, y otras que quedaron rezagadas, el padre también responsabilizó a Rosario González Zamora, ex directora de Investigaciones Ministeriales. Explicó que entre sus peticiones, estuvo revisar la academia de El Lencero en busca de rastros de sangre o pertenencias de su hijo. No tuvo respuesta favorable.

“Qué me podía esperar de Rosario Zamora; si alguna vez que entré a su despacho lo primero que vi fue una foto con Érick Lagos (diputado federal por el PRI). Eran amigos, y todos sabemos que (Lagos) tenía negocios con Arturo Bermúdez”, expresó el padre. 

Aunado a las diligencias inconclusas, Efraín Martíz aseguró que Alejandro López Ferrer, ex director de la Academia de El Lencero tampoco fue llamado a declarar, a pesar de que Gibrán Martíz y Sergio Luis Martínez Hernández habrían sido torturados y asesinados en las instalaciones a su cargo.

Otra funcionaria relacionada con el caso fue María Aurea Cortés García, ex fiscal Especializado en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas, sobre sus funciones Efraín Martíz se limitó a decir: “Ni si quiera se presentó conmigo”.

El 31 de agosto de 2016, el colectivo de desaparecidos Familiares Enlaces Xalapa exigió la destitución de Cortés García. Espetaron: “Es una persona corrupta, que sólo ha hecho porquerías en las investigaciones de nuestros hijos”. La funcionaria permaneció en su cargo hasta los primeros días de la administración de Jorge Winckler, actual Fiscal de Veracruz. 

Efraín Martíz, fue enfático con Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales de la FGE. De acuerdo con la versión del padre, él estaba al tanto del comportamiento ilegal de los policías de la SSP y hasta le presentó un panorama que se cobraría validez con la muerte de Gibrán y Sergio Luis.

“Aguirre me dijo: ‘Imagínese que hay la posibilidad de que la policía los tuviera. Para que ellos salgan habría que ver alguna forma de que los rescaten y decir que estuvieron secuestrados. Hay que hacer como un operativo donde se les rescate y se los entreguen”.

“Él sabe muchas cosas. Esperemos que los policías que hoy están detenidos por este caso repartan culpas; es obvio que no actuaron por su cuenta, que muchas personas sabían todo y se quedaron calladas”, agregó Efraín Martíz.

Luis Antonio Ibáñez, ex visitador general de la Fiscalía de Veracruz

El 15 de junio de 2015, la CNDH emitió la recomendación 14 / 2015 en la cual destacó deficiencias en las investigaciones a cargo de Amadeo Flores Espinoza y su sucesor Luis Ángel Bravo Contreras, respectivamente. Sin embargo, no hubo sanciones administrativas, que era responsabilidad del entonces Visitador General Luis Antonio Ibáñez, otro funcionario señalado.

Funcionarios relacionados con la liberación a policías

En la recomendación CNDH/1/2014/353/Q se puntualizó que, al no haber una sentencia contra los siete policías vinculados a proceso por incumplimiento de un deber legal, se les debía investigar por desaparición forzada, pues el código penal de Veracruz ya lo contemplaba desde el 18 de julio de 2014. Tampoco lo hizo la fiscalía de Luís Ángel Bravo Contreras.

El 18 de diciembre de 2014 los policías obtuvieron su libertad tras cubrir una fianza por cinco mil pesos. Con ello, se agotó la fuente para saber los pormenores del asesinato de Gibrán Martíz y Sergio Luis Martíz, así como el paradero de José Eduardo de la Cruz Caballero.

En esta liberación, Efraín Martíz, advirtió que también estaría involucrado Vito Lozano, dueño del despacho que defendió a los policías. Fue su hija, Nallely Lozano Alarcón, quien litigó a favor de los policías de la SSP.

La audiencia que estaba programada para las 10 horas del 17 de diciembre en la sala de juicios orales de Pacho Viejo, se aplazó dos horas. En este lapso Vito Lozano fue visto ingresar a la oficina del juez de control, Florencio Hernández Espinoza.

“El juez me saca del juicio, me dijo que el delito contra los policías era por abuso de autoridad y que mi hijo era el único que podía estar presente. Yo le dije que lo habían asesinado y me contestó que entonces le enseñara el acta de defunción”, recordó Efraín Martíz.

Inconforme por el actuar del juez de control, el padre de la víctima interpuso una queja ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Erick Lagos Hernández, ex secretario de Gobierno

Otro de los señalados en el caso es el diputado federal priista, Erick Lagos Hernández, quien según señalamientos de sus propios colaboradores de la Secretaría de Gobernación, habría hecho perdidizos entre 3 y 5 millones de pesos que Javier Duarte ordenó entregar como una indemnización por daño moral, contemplada por la Ley General de Víctimas.

“Duarte ofreció como ayuda un pago, yo le dije que aceptaría siempre y cuando fuera bajo un esquema legal, no como si me dieran dinero en efectivo para callarme. En ese ínter gente de Marlon Ramírez (subsecretario de gobernación) señaló que el último que vio ese dinero fue Érick Lagos. Después no supe qué pasó con esa cantidad”, explicó el padre. 

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