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Los pendientes de los legisladores federales para el 2018

  • La Silla Rota
Cerraron periodo sin agotar los temas de sus agendas legislativas, algunos de los cuales han estado pendientes durante tres años

Senadores y diputados cerraron su primer periodo ordinario del año sin aprobar temas contemplados en sus agendas legislativas, algunos de los cuales han sido programados desde 2014 sin que puedan ser aprobados para entrar en vigor.

Aunque hay asuntos que fueron considerados como prioridad por todas las fuerzas políticas, la falta de acuerdos y el condicionamiento de unos proyectos a cambio de otros, generó que temas trascendentales como la ley para hacer frente al robo de hidrocarburos y la que regula las contrataciones públicas, se queden en la "congeladora" legislativa por un tiempo indefinido.

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Asimismo, nombramientos como el del Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción tendrán que esperar hasta el próximo periodo que inicia en febrero o hasta que exista voluntad y condiciones de los legisladores para cumplir con esta responsabilidad.

—Los pendientes del Senado:

Ley de la Fiscalía General de la República

Aunque este tema fue incluido en septiembre en las agendas del PRI, PAN, PVEM, PRD y PT del Senado, no lograron aprobarlo, ni siquiera lo sometieron a discusión.

La reforma constitucional en materia político-electoral del 2014 incluyó la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República, un órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio a fin de llevar a buen puerto la implementación del sistema de justicia procesal acusatorio, aprobado en junio de 2008.

Sin embargo, para lograr la transformación de la PGR a la nueva Fiscalía se requiere de una ley orgánica que defina su funcionamiento, la cual está pendiente en el Senado desde diciembre de 2014 cuando la Cámara de Diputados avaló un proyecto en ese sentido.

El dictamen enviado al Senado derivó de una iniciativa que el Ejecutivo federal propuso el 23 de septiembre, en la cual se le otorgan mayores facultades al Ministerio Público no solo para la persecución de delitos sino para la investigación.

Nombramiento del Fiscal General

Otro tema de coincidencia solo en las agendas y no en los hechos fue el relativo al nombramiento del fiscal general de la República, pues pese a la renuncia de Raúl Cervantes en calidad de procurador para facilitar la transición y el nombramiento del primer fiscal de la Nación, los senadores no han logrado los acuerdos requeridos.

Diversas son las iniciativas que se han presentado en el Congreso para reformar la Constitución y reponer el proceso de selección del primer fiscal general de la república, pero no todas apuestan solo por la eliminación del pase automático de la PGR a la nueva Fiscalía como lo aprobaron los senadores en su última sesión del periodo. Hay otras que apuestan a una amplia auscultación de perfiles que sean totalmente apartidistas e independientes, e incluso algunas buscan la reducción del periodo en el cargo. No hay acuerdos en torno a ninguna de las iniciativas.

Será hasta febrero en un periodo ordinario que se pueda considerar este nombramiento, aunque para algunos sigue siendo una imposibilidad sin antes reponer todo el proceso de elección para garantizar un perfil verdaderamente independiente.

Fiscal Anticorrupción

Otro nombramiento que está pendiente es el que deriva del Sistema Nacional Anticorrupción el cual no ha podido ser concretado debido a que se condicionó este a la eliminación del "pase automático" al igual que ocurrió con la designación del Fiscal General de la República.

Además se complicaron las negociaciones producto de las denuncias de los partidos de izquierda que aseguraban un intento de "repartición de fiscales" entre las fuerzas mayoritarias del PRI-PVEM con el PAN.

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La Fiscalía Anticorrupción fue instruida tras la reforma constitucional de febrero de 2014. Representa el principal brazo operativo del Sistema Nacional Anticorrupción, en temas como transparencia, rendición de cuentas, investigación de actos de corrupción, así como aplicación de sanciones. Sin embargo no ha estado plenamente constituida ante la falta de su titular. 

Robo de hidrocarburos

De acuerdo con cifras oficiales los delitos en contra de la industria petrolera causan pérdidas económicas por más de 40 mil millones de pesos anuales, situándose así como una de las actividades ilícitas más redituables solamente después del narcotráfico y el tráfico de armas, sin embargo para el Senado no ha sido prioridad legislar en la materia.

Una legislación para combatir este ilícito está pendiente de 2014 cuando principalmente el PRI definió que sería una de sus prioridades en la agenda legislativa sin embargo el único avance que se registró fue en diciembre de 2015  cuando la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado una minuta para expedir la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.

El proyecto pretende establecer tipos penales respecto de las actividades en que se han diversificado las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos, así como inhibir la realización de estos delitos. Sin embargo, no se retomó en la Cámara alta por considerar que es insuficiente y que requiere de modificaciones que ni siquiera han propuesto y analizado en las respectivas comisiones.

Contratación de Obras Públicas

Entre los pendientes que se envistan en el Senado también se encuentra la expedición de una Ley de Contrataciones de Obras Públicas, para establecer en la ley mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que anulen espacios de discrecionalidad y opacidad, y fomenten procedimientos de contratación competitivos e imparciales.

Este tema fue especialmente para el PRD y el PAN una prioridad que reafirmaron tras la suscripción del Frente Ciudadano por México, el cual no pudieron ni siquiera llevar a comisiones.

A penas en febrero de 2017 senadores de ambos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa para expedir la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, con el propósito de asegurar la competencia, transparencia, equidad y eficiencia en los procesos de contratación de obra pública, y armonizar la legislación mexicana con las mejores prácticas internacionales.

Nombramiento del Auditor Superior de la Federación

Un gran pendiente dejaron los diputados al término del periodo ordinario de sesiones: el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, con lo cual una de las entidades más importantes de nuestro sistema para el combate a la corrupción quedó descabezado.

Aunque aparentemente ya había consenso sobre una terna integrada por David Colmenares, Ángel Trinidad Zaldívar y Salim Arturo Orcí Magaña, el PAN determinó que requería más tiempo para realizar un análisis más a fondo de los perfiles.

El coordinador de la fracción del PAN, Marko Cortés, indicó que solicitaron revisar con mayor profundidad la terna que por unanimidad salió de la Comisión de Vigilancia. En su opinión, es preciso escuchar a los diversos grupos de la sociedad debido a que el cargo de Auditor Superior es por ocho años y no basta tener una mayoría calificada sino lo importante es tener un amplio consenso con la sociedad.

Indicó que particularmente quieren conocer la opinión de quienes participaron de forma activa para lograr la aprobación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.

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En ese sentido se expresó Clemente Castañeda, hasta hoy coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, en tanto que el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, aseguró que no se nombró al auditor porque el PRI no quiso incluir el tema en el orden del día. Y al no haberse hecho el nombramiento, dijo, no acaba por fortalecerse el sistema anticorrupción.

 Por la dilación en este nombramiento, la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación será ocupada por el Auditor Especial para el Cumplimiento Financiero  a partir del lunes próximo, dado que el 15 de diciembre se cumplieron los ocho años para los cuales fue nombrado Juan Manuel Portal.

También quedó pendiente que la Cámara de Diputados conozca y dictamine la llamada Ley Fintech, que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores, y que busca regular el comercio electrónico. De igual forma están pendientes reformas a la Ley General de Salud en materia de donación y trasplantes de órganos.

Al PRD interesaba que se dictaminaran iniciativas relacionadas con el salario mínimo para los mexicanos, a fin de que se establezcan tomando en cuenta las mediciones que hace el Coneval sobre la pobreza; y una propuesta para que se establezcan topes a los salarios que gana la alta burocracia. Ninguna de esos temas ha sido dictaminada.

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