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Diputados del PAN libraron de un juicio político a Jorge Winckler

  • Fernanda Castillo
En mayo de 2017, el PAN se valió de su mayoría en el Congreso y “congeló” la intención de desaforar al Fiscal de Veracruz.

Xalapa, Ver. - El fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz acumula dos solicitudes de desafuero en su contra: una formal que se mantiene archivada en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), en el afán del PAN de proteger a su “Fiscal Carnal”. Y la segunda, ante los medios de comunicación, luego de que el Gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, ofreció revisar el trabajo del abogado de los veracruzanos.

A sólo cinco meses de permanecer en el cargo, el también abogado de la familia Yunes Linares recibió la primera embestida de los diputados locales, quienes amagaron con quitarle el nombramiento pero no lograron su cometido.

Apenas se informó en los medios que se actuaría en su contra, se dio cuenta de la lista de investigaciones ministeriales contra los legisladores en funciones, con lo que calmaron su exigencia pese a que Winckler Ortiz los llamó corruptos y se dijo avergonzado por su trabajo, después de que rechazaron desaforar al entonces alcalde de Fortín, Armel Cid de León.

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Ahora, integrantes de los Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, exigieron la salida de Winckler Ortiz pues consideran que su actuar en la localización de sus familiares es deficiente y que ha sido omiso en buscar e investigar los casos denunciados.

Las víctimas indirectas argumentan que el trabajo de Winckler ha sido parcial, pues se ocupó de crear carpetas de investigación contra exfuncionarios duartistas, olvidando a sus familiares desaparecidos. Eso generó la promesa en campaña de Cuitláhuac García Jiménez, quien ofreció investigar su desempeño y juzgarlo políticamente.

La proyección en la integración de la próxima Cámara da mayoría a Morena, garantizaría al menos una investigación contra Winckler Ortiz que deberá tener sustento, de lo contrario, quien presente la solicitud será juzgado.

El PAN protegió a Winckler

El 04 de mayo del 2017, un día después de que se rechazó el desafuero de Armel Cid de León, Winckler Ortiz acusó a los legisladores de corruptos.

"Dan vergüenza, la ciudadanía no cree en el trabajo de la mayoría de los representantes de la sociedad por proteger a un hombre que está acusado de golpear a una mujer. En el Congreso local los diputados hacen lo que les place", comentó en entrevista con los medios de comunicación.

Tras el exabrupto del Fiscal, el ahora diputado independiente, Sergio Rodríguez Cortés pidió su remoción. En un inicio pidió el uso de la Máxima Tribuna para presentar un pronunciamiento por el actuar de Winckler.

Sin embargo, aprovechó la oportunidad para presentar un anteproyecto de punto de acuerdo para exigir su remoción: “No actuemos como si perdonáramos un berrinche del niño malcriado que no sabe lo que hace”, expresó desde la Tribuna de la Cámara.

Al planteamiento del entonces diputado del PRD, se sumaron el PRI, Morena y la fracción de Juntos por Veracruz. En su momento, el coordinador de la fracción del PAN, Sergio Hernández Hernández, aseguró que a él no le quedaba el saco, pero recomendó a los aludidos “que se lo pongan”.

Si bien la postura fue de protección, le pidió al Fiscal -que fue nombrado el 30 de diciembre del 2016- mostrar las pruebas que confirman que los 50 diputados son corruptos.

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En ese entonces la diputada del PRI, Regina Vázquez Saut ofreció una disculpa porque no supieron identificar al tipo de persona a quien se le confirió la Fiscalía General del Estado. La petición se archivó en la Junta de Coordinación Política, donde el PAN tiene voto ponderado, después de fabricar su mayoría.

Si diputados no sustentan la denuncia contra Winckler, serían inhabilitados

De acuerdo a la ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, se establece -en su artículo quince- que quien presente una denuncia cuya sentencia se hubiere formulado con falsedad, estará sujeto a la responsabilidad civil o penal.

Cuando el denunciante fuese servidor público e incurriese en responsabilidad penal, se le impondrá, además de la sanción señalada, la inhabilitación por un término igual al de la pena privativa de libertad que le corresponda.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia fungirá como jurado de sentencia, luego de que se dé el ataque a los entes públicos; el ataque a la forma de Gobierno del Estado, así como a la organización política y administrativa de los municipios.

Se podrá iniciar Juicio Político, cuando se compruebe la violación sistemática a las garantías individuales o sociales; la violación sistemática a los planes, programas o presupuestos, así como a la normativa aplicable a la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos.

O cuando se acredite el ataque al ejercicio del sufragio; o se dé la usurpación de atribuciones; o cualesquier acción u omisión en forma intencional que origine una infracción a la Constitución Política o a las leyes del Estado, cuando cause daños o perjuicios o motive algún trastorno en el funcionamiento de los entes públicos.

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