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El "pulpo camionero" tras el incremento a tarifas del transporte público

  • Fernanda Castillo
Víctor Castelán Crivellí, Presidente de la Asociación de Empresarios Transportistas ha exigido el incremento en 2011, 2016 y 2018.

Xalapa, Ver.- La decisión de aumentar el costo del servicio del transporte público ha sido una medida de presión recurrente de permisionarios de la zona centro, ante la nula respuesta del gobierno del Estado para actualizar las tarifas en las últimas dos administraciones.

Víctor Castelán Crivellí, Presidente de la Asociación de Empresarios Transportistas del Estado de Veracruz AC (Astraver), ex diputado local y ex candidato a la alcaldía de Orizaba, quien asumió el cargo sindical hace dos años, ha encabezado la exigencia de actualizar el costo del servicio del transporte público en 2011, 2016 y 2018.

Desde el inicio de este mes, integrantes de la Asociación de Empresarios Transportistas han insistido ante los medios de comunicación  la necesidad de actualizar la tarifa, pues su ganancia se ha reducido ante el alto costo del combustible; en un inicio se pedía un aumento de 11 pesos, ahora plantean incrementar el costo del servicio a 10.

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Este jueves 23 de agosto, los transportistas de Veracruz demandaron un incremento de “forma inmediata” al precio del pasaje de los urbanos a 10 pesos en tarifa única; en respuesta el gobierno amenazó con retener unidades y revocar concesiones, para hacer valer la ley.

En julio del 2011 y en septiembre del 2016, la misma asociación determinó aumentar el costo del servicio. Durante el segundo año de la administración de Javier Duarte se retuvieron 50 unidades por aumentar el precio sin autorización.

Cinco años después, estudiantes de la Universidad Veracruzana y el Tecnológico de Orizaba tomaron unidades para obligar a que se respetaran las tarifas y su subsidio.

Ante la presión de los jóvenes se retomó el costo del servicio, 8 pesos para usuarios en general y 5 pesos para estudiantes y adultos mayores.

El historial de la Astraver

Los principales líderes de la Asociación de Empresarios son Víctor Castelán CrivellíAquileo Herrera Munguía, alcalde de Ixtaczoquitlán hasta el 31 de diciembre del 2017.

Víctor Castelán ha encabezado en más de una ocasión la exigencia por actualizar las tarifas, y siempre toma la decisión de manera unilateral para ejercer presión y obligar a las negociaciones.

El empresario transportista, apodado como el pulpo camionero, fue candidato a la alcaldía de Orizaba en 2007 respaldado por el PRI y la alianza Fidelidad por Veracruz, en ese entonces magistrados de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinaron anular su postulación por que incurrió en actos anticipados de campaña.

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Años después fue candidato a la diputación local por el PRI, durante su gestión se acusó que recibió más permisos para operar en la región de Orizaba.

En 2012, el Gobernador Javier Duarte envío al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado que desaparecía la modalidad de transporte público colectivo.

Un grupo de transportistas, encabezados por Tomás Martín Arellano acusaron a los legisladores actuar en favor de Víctor Castelán, por lo que buscaron un amparo a la aprobación del Congreso local, pues se violentó el proceso legislativo.

Crivellí se transforma al panismo

Después de años de militar en el Revolucionario Institucional, partido que lo cobijó e impulsó como líder camionero, el pasado 9 de mayo se reunió con el entonces candidato a Gobernador del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Castelán Crivelli se pronunció por que Márquez diera continuidad al programa de reordenamiento vial, “esperamos que al igual que su papá, continúe un gobierno que ponga en orden al transporte público, con orden y disciplina para proporcionar un servicio adecuado a los usuarios”, opinó en entrevista a los medios.

En ese entonces prometió que se conduciría en contra de la ilegalidad y el pirataje, pues eso pone en riesgo a los usuarios, quienes no tienen por qué sufrir las consecuencias y riesgos de un servicio deficiente, saturado, inseguro, dilatado, incómodo y caro.

A pesar de su “compromiso público” hoy plantea violentar la ley para imponer una tarifa del servicio que no fue autorizada por el Ejecutivo, como una exigencia luego de que bajaron sus ganancias.

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