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Poder Judicial anuncia austeridad, pero Presidente no reduce su sueldo porque su “esposa lo regaña”

  • Fernanda Castillo
El Poder Judicial determinó eliminar la Séptima Sala Penal para ahorrar 35 mdp, a pesar de la carga laboral. Magistrados se inconforman.

Xalapa, Ver. - Violentando los artículos 12, 13 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ocho de los nueve integrantes del Pleno de Magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) determinaron desaparecer la Séptima Sala Penal a partir del próximo 17 de septiembre.

Este miércoles -5 de septiembre- de desarrolló una sesión del grupo de togados que votaron -entre otros temas- reducir a tres las salas competentes en asunto de índole penal, esto pese a que algunos de los magistrados que se presentaron como Presidentes de Sala, estaban adscritos en otras salas, un hecho irregular.

El principal argumento del presidente del Pleno, Edel Álvarez Peña fue implementar un “plan de austeridad”, aunque en el comunicado oficial se atribuye a la “carga de trabajo”, por lo que se planteó que a los tres magistrados ponentes se les reubicará en otras de las salas con vacantes tras la purga de 13 magistrados, y que generó más encomiendas laborales.

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El Magistrado Presidente de la Séptima Sala en materia Penal, Raúl Pimentel Murrieta manifestó su rechazo a la determinación de la mayoría de los votantes, que fundamentaron su decisión en la disminución en un 50 por ciento de la carga de trabajo en materia penal, cuando ellos fueron el grupo que emitió el mayor número de sentencias en el 2017.

Otro dato contradictorio en el actuar de la mayoría de los magistrados, fue que se habló de generar un ahorro al presupuesto del Poder Judicial que este 2018 ejerce mil 722 millones de pesos, sin cuantificar lo que se ha dejado de pagar a 13 exmagistrados que fueron conminados a jubilarse, por tener más de 70 años.

Sin embargo, se ha incrementado la estructura operacional: este lunes 3 de septiembre entraron en funciones 15 nuevos Juzgados Especializados en Materia Familiar en los distritos judiciales de Xalapa, Pánuco, Papantla, Poza Rica, Misantla, Orizaba, Córdoba, Veracruz, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Coatzacoalcos.

Con el personal extra se planteó la solución más oportuna de disputas en materia familiar, pues actualmente se acumulaban hasta ocho mil expedientes por distrito.

En marzo de este año, el Magistrado Álvarez Peña anunció la creación de Juzgados Micro regionales en Pueblo Viejo, Álamo Temapache, Coyutla, Martínez de la Torre, Perote, Naolinco, Ciudad Mendoza, Tezonapa, Boca del Rio, la Antigua, Tierra Blanca, Isla, Minatitlán, Las Choapas y Uxpanapa.

En esos casos, los jueces revisarían expedientes en materia de Violencia de Genero, Asuntos Familiares, entre otros, que privilegien el interés superior de las mujeres, de los menores y de los ciudadanos, entre otros.

Con base a lo anterior, el Magistrado Raúl Pimentel criticó la desaparición de un grupo de 45 personas que analizan temas penales, pues va contra la necesidad y el derecho de impartición de justicia de los ciudadanos, “parece un contrasentido”.

No se puede pensar que, por un principio de generar un ahorro de 32 millones de pesos, se pueda desaparecer una Sala encargada de impartición de justicia”, argumentó en entrevista ante los medios de comunicación.

Ante el contexto de inseguridad que existe en el país y en Veracruz, opinó el togado, se incrementa la carga de trabajo para los juzgadores de tipo penal, por lo que no basta con crear juzgados regionales para resolver los juicios.

Pimentel Murrieta, recordó que el Congreso de Veracruz autorizó al Poder Judicial crear una Asociación Pública Privada (APP) para la construcción de ciudades judiciales, el permiso del Poder Legislativo permite pagar desde mil hasta 3 mil millones de pesos, lo que compromete el presupuesto a 25 años.

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Poder Judicial se “suma” a la austeridad republicana

La versión oficial, emitida a través de un comunicado, justifica la desaparición de la Sala Penal con la intención de reubicar a los magistrados para suplir la ausencia de más de una decena de togados, que fueron jubilados por su edad, ante la negativa del Poder Ejecutivo y Legislativo de validar nuevos nombramientos.

Andrés Domínguez Fernández, Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, argumentó que de acuerdo con estadísticas de las mesas de turno, durante los últimos 10 años las Salas Penales han visto disminuida su carga laboral en un 49%; el nuevo sistema acusatorio tiende a la conciliación y a la solución anticipada de conflictos.

Al desaparecer la Séptima Sala se lograría un ahorro de 35 millones de pesos entre gastos operativos y nómina, con lo que el Poder Judicial de Veracruz se suma a la “austeridad republicana” en el nuevo paradigma que vive el país.

“Estamos tomando medidas legales para que la justicia no se detenga; este es el primer paso que va a tomar el Poder Judicial para sumarse a la austeridad republicana en el nuevo paradigma que tenemos de país; con esta decisión, al no requerirse una sala más, vamos a ahorrar más de 35 millones de pesos al año”.

El pasado 1 de agosto se entrevistó al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, quien rechazó la reducción a su salario, bajo el argumento que su esposa lo regañaría por ganar menos.

Actualmente el Tribunal Superior de Justicia, tiene una carga de trabajo de 1,109 asuntos por Sala Penal; 1,220 asuntos por Sala Civil y 1,414 asuntos por Sala Familiar.

Impartidores de justicia, violan la norma

La ley Orgánica establece en su artículo 12, que el Pleno se compondrá por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien no integrará sala, y por los presidentes de cada una de sus salas colegiadas.

A la sesión del Pleno de Magistrado se presentó Marco Antonio Lezama Moo, quien acudió como representante de la Primera Sala, cuando él está adscrito a la Tercera Sala. Llegó en sustitución de Alfonso Balderas Ramírez, quien se ausentó por cuestiones de salud, y no se cumplió con los requisitos de ley pues no presentó nombramiento provisional, lo que anula su voto.

El artículo 13, establece que las sesiones del Pleno serán públicas con excepción de los casos en que la ley, la moral o el interés público exijan que sean privadas.

Al plantear el orden del día de la reunión del Pleno, el Magistrado Pimentel pidió que la sesión se abriera a los ciudadanos, pero la petición del magistrado no se atendió a pesar de que el debate de este miércoles 5 de septiembre no atentaba contra el interés público o la moral.

En el caso del artículo 24 se establece que el Tribunal Superior de Justicia contará con las siguientes Salas Colegiadas: una Sala Constitucional, cuatro Salas Penales, dos Salas Civiles y dos Salas en Materia de Familia, integrada cada una de ellas por tres magistrados, de entre los que se elegirá a su presidente, el cual fungirá por un año, con la posibilidad de ser reelegido de forma inmediata por una sola ocasión.

En cambio, la mayoría de los magistrados determinó reducir el número de Salas en materia penal, contraviniendo la ley vigente.

La Magistrados Raúl Pimentel, Alberto Sosa Hernández y Martha Ramírez Trejo, que integraban la Séptima Sala, tenían entre sus atribuciones revisar en la última instancia de los recursos que se interponen en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia en asuntos del orden penal; y las determinaciones relativas a incidentes civiles que surjan en los procesos penales.

Además, debían resolver conflictos de competencia que se susciten en la materia, entre los diversos juzgados del Estado; así como calificar las excusas y recusaciones de los jueces de primera instancia en materia penal; y casos de narcomenudeo.

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