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Winckler nombró a subordinados de FGE como abogados en amparo para no ser removido

  • Miguel Ángel León Carmona
Según especialistas el titular violentó la Ley General de Responsabilidades Administrativas al pedir la protección de la justicia federal

Xalapa, Ver. –Violentando la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Jorge Winckler Ortiz, fiscal de Veracruz, empleó como abogados particulares a cuatro subordinados de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la hora de promover un amparo que busca evitar la remoción de su cargo.

El pasado 07 de diciembre, el procurador veracruzano promovió como ciudadano el juicio de amparo 1247/ 2018 ante el juez decimoquinto de distrito del séptimo circuito con sede en Xalapa, como se pudo apreciar en las listas de acuerdos publicadas por la página del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, para argumentar una violación a sus derechos fundamentales por parte del Congreso Local, luego de que legisladores veracruzanos modificaran la Constitución para poder removerlo del puesto.

E-Consulta Veracruz comprobó que cuatro representantes legales de Winckler Ortiz, así señalados en la demanda de amparo, son trabajadores en activo de la FGE, entre ellos destaca el propio abogado general de la Dirección General Jurídica, Néstor David Morales Pelagio.

El resto de los representantes son: Marco Antonio González Cuevas, Subdirector de Amparo Civil y Penal; Gonzalo Emilio Rodríguez Acosta, Subdirector de Consultoría Jurídica; y a José Adán Alonso Zayas, Subdirector de Asuntos Contenciosos. Sus nombramientos fueron confirmados en el portal de transparencia de la procuraduría veracruzana.

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Las designaciones de estas cuatro personas se antepone a los lineamientos de la Ley Orgánica de la FGE, que en su artículo 79 advierte: “El personal de confianza de la FGE no podrá: II.- Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, de su concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, adoptante o adoptado.

Con esta acción, Winckler Ortiz habría cometido una falta administrativa de carácter grave, contemplada en el artículo 53 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice: “Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso [...] para sí [...] de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.

Para el abogado penalista Celestino Espinoza Rivera, dicho documento presenta las siguientes inconsistencias:

“El amparo promovido por el Fiscal General en primer lugar carece de técnica jurídica básica porque utiliza mal ciertos vocablos jurídicos como es el caso del ‘tercero perjudicado’ cuando la ley de amparo vigente desde 2013 habla de un concepto más amplio que es el de tercero interesado; por otra parte podríamos estar ante la presencia específica de una falta administrativa grave como lo es el peculado toda vez que utiliza para su beneficio personal -ejercer la abogacía- recursos humanos pagados por la Fiscalía General, máxime que el documento filtrado menciona en su proemio que es presentado por propio derecho y al final es firmado al calce en lo particular y no en representación del ente autónomo".

A este juicio se sumó Juan José Gil Llanes, abogado especialista en Derecho Laboral y con maestría en Amparo.

“Estoy estupefacto. En el fondo no me extraña: si Yunes tomó de abogado particular al Fiscal ¿por qué habría que sorprender que el Fiscal tomé de abogados particulares a empleados de la Fiscalía? Es el sello de la casa. Lo que no termino de entender es esto: Winckler promueve amparo el día 6. En la página web correspondiente no aparece ningún acuerdo aún que defina si se admitió o no a trámite el amparo, y si se decretó o no una suspensión.

“Al menos no hasta hoy. El Poder Judicial Federal no suele tardar tanto. No tendrían por qué estar retrasando tanto un acuerdo de ese tipo, sobre todo cuando es una demanda notoriamente improcedente (lo opinan varios, no sólo yo) Ojalá la admisión o no de la demanda no se inscriba en la confrontación Poder Judicial Federal/Morena y se pretenda usar como moneda de cambio”, consignó.

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Por su parte, para el asesor jurídico federal Raúl Cabrera, dijo:

“Considero menester detallar en un primer momento que el C. Jorge Winckler Ortiz solicita en su favor el amparo y protección de la Federación en pleno uso de su derecho, por considerar se afectan o violan sus derechos humanos. De ahí que sea precisamente lo que genera una posible conducta delictiva; pues utiliza a los servidores públicos a su cargo para el seguimiento del mismo.

“Pues si bien Jorge Winckler Ortiz ocupa el encargo de Fiscal General en el Estado, debemos distinguir entre su vida privada y su vida como servidor público; por lo que puede generar suspicacias el hecho que se designen servidores públicos para hacer efectivos los derechos humanos de su superior jerárquico”.

El pasado 29 de noviembre, en la Gaceta Oficial del Estado se publicó una reforma al artículo 67 de la Constitución Local en donde se estableció que el titular de la Fiscalía General “podrá ser removido por el Congreso por las causas graves que establezca la Ley, y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación”. Es decir, con una mayoría calificada del pleno, sin necesidad de implementar un juicio político.

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