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Iglesia católica confronta al gobierno morenista en Veracruz

  • Fernanda Castillo
Tal como ocurrió durante la administración de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, buscan presionar contra la legalización del aborto

Xalapa, Ver. - La vocería de la Iglesia católica se confrontó con el Gobierno de Morena, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, al rechazar la posibilidad de que se amplíen las causales del aborto, pues el legislar al respecto representan una política pública “anti-vida”. La postura incluye al gobierno federal y a la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), que busca “imponer” una agenda para el Congreso en Veracruz.

Durante la misa dominical -el 20 de enero- el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, pidió orar por los gobernantes, para que sean buenos administradores; sin embargo, la posición oficial a medios evidencia el desacuerdo de la grey católica con el partido en el gobierno, y las acciones legales que se podrían emprender para garantizar derechos de todos los sectores y grupos de Veracruz.

Tal como ocurrió durante la administración de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, la Iglesia busca hacer presión, al anticipar su rechazo a la posibilidad de legislar sobre temas como ampliar las causales del aborto, el matrimonio igualitario, y la adopción entre parejas del mismo sexo.

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, pidió que antes de promover acciones legales pro-aborto, se debe plantear una estrategia de seguridad para combatir la violencia “que está imparable”.

“Los reportes de ejecuciones, asaltos a mano armada, secuestros, levantones, asesinato de mujeres siguen en aumento”, reprochó en su comunicado dominical.

El presbítero hizo alusión a las más recientes declaraciones de la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Yolanda Olivares Pérez, quien anunció -el pasado 16 de enero-, la reunión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para retomar la discusión de reformar el código penal, y ampliar las causales del aborto.

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El hecho molestó a la iglesia, y al igual que en julio del 2018, lamentó que el Congreso del Estado reciba presiones externas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y de funcionarios que carecen de facultades expresas en la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) para hacer este tipo de exigencias.

En septiembre del 2017 en el Congreso local se intentó reformar los artículos 140, 150 y 154 del Código Penal, pero la mayoría panista, que dentro de su postura política promueven la defensa de la vida, rechazó establecer el derecho de abortar antes de la décima segunda semana de gestación, y agregar la causal de salud para la interrupción del embarazo.

La postura de los legisladores llevó al Juez Federal Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz a emitir una sentencia -el 3 de julio del 2018- en el que estableció que el Congreso incurrió en omisión Legislativa, por lo que ordenó reformar el Código Penal de Veracruz para garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

En respuesta, el área jurídica del Congreso optó por recurrir a la apelación, para no acatar la sentencia del juez que ordenó ampliar las causales del aborto y establecer la semana 12 como límite para la interrupción legal de un embarazo.

A la fecha los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han evitado analizar los casos de Veracruz, que incluyen una acción de inconstitucionalidad por la reforma al artículo 4to de la Constitución -en el 2016-, que defiende la vida desde el momento de la concepción.

La indefinición jurídica y el debate en los medios por el aborto llevaron al Vocero a adelantarse ante la posibilidad de que se promuevan “leyes de muerte”, impuestos por organismos gubernamentales y agrupaciones proderecho de las mujeres.

“En Veracruz, el Estado y el Estado de Derechos protege la vida humana, desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural”, recordó en su comunicado.

“La Conavim no puede dictar la agenda del estado, no tiene ni jurisdicción, ni competencia para decir al Congreso qué legislar. Una intromisión de esa índole podría poner de rodillas a la Cámara”, opinó el católico.

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Las alertas

La primera alerta de género en el estado fue declarada en noviembre de 2016 y se estableció únicamente para los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, debido a la inseguridad en los espacios públicos para las mujeres.

Entre las medidas que se urgieron sobresale el reforzar los patrullajes preventivos y la divulgación de la alerta.

El 13 de diciembre de 2017, la CONAVIM emitió la segunda alerta de género por agravio comparado; se solicitó al gobierno del estado implementar las medidas que garanticen a mujeres y niñas una vida libre de violencia.

El gobierno debía divulgar a través de medios de comunicación y lugares estratégicos los alcances de la Alerta de Violencia de Género, así como legislar para que la interrupción legal del embarazo sea posible, requerir coordinación institucional para la detención legal del embarazo sin dilación.

Requirieron esquemas de difusión para enterar a la población sobre este derecho; garantizar que existan centros de salud que provean del servicio de manera gratuita y con calidad, y que en estos haya personal capacitado.

Se pidió un registro de los abortos realizados de acuerdo con las causales con las que se practicó. El Poder judicial deberá adoptar las medidas para la reparación del daño a las víctimas de violación, entre otras acciones.

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