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PVD de Cuitláhuac apuesta por topes a homicidios, secuestros y feminicidios

  • Isabel Ortega
Gobierno panista de Yunes proyectó reducir violencia en 6 meses; la actual administración morenista en 2 o 3 años

Xalapa, Ver.-Sin una estrategia clara de cómo se logrará bajar la incidencia delictiva en la entidad, el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) de Cuitláhuac García Jiménez proyecta reducir delitos como homicidio doloso, secuestro y feminicidios, además de bajar el porcentaje de mujeres que padecen algún tipo de violencia.

El documento que será aprobado por los legisladores locales en un plazo no mayor a dos meses se basa en la agenda mundial 2030 que establece la ruta crítica para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones.

En materia de seguridad se establece como potencial solución para bajar la incidencia delictiva: el coordinar en el territorio estatal la estrategia de seguridad en conjunto con el Plan Nacional de Paz y Seguridad, así como la Estrategia Nacional en Prevención del Delito y Recuperación de Espacios Públicos; así como definir las estrategias de combate a los delitos en todo el territorio, priorizando las regiones de mayor incidencia delictiva.

Veracruz es la tercera entidad con el mayor número de extorsiones y cuarta en secuestros; el segundo en feminicidios y el quinto en violencia familiar contra las mujeres, detalla el documento que confirmó la estadística con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del año 2018.

Datos actualizados al primer bimestre del 2019 confirman que en la entidad se contabilizan 8 mil 342 delitos, lo que ubica a Veracruz en la posición 12 con el mayor número de ilícitos.

En el ranking del índice delictivo, que plantea el Plan Veracruzano de Desarrollo, en la región del Totonacapan y las Montañas, se da un importante número de homicidios y desaparición de personas y periodistas; en la capital y el sotavento el delito de mayor incidencia es la desaparición de mujeres y niñas; en la zona Olmeca se da con mayor frecuencia homicidio doloso; y en la Cuenca del Papaloapan el delito más frecuente es el homicidio.

En ese sentido, se establecen metas para reducir la violencia en delitos de alto impacto, pero la meta más importante es el año 2024, periodo en el que concluye el sexenio de García Jiménez.

A diferencia del Plan que presentó el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que prometió reducir los índices delictivos en sólo seis meses, García Jiménez calcula que el proceso puede llevar de dos a tres años.

Para ello delineó un programa especial para promover la cultura de la paz, pero solo proyecta dos acciones para poder reducir los índices delictivos.

En cambio, se traza como meta reducir los homicidios dolosos, la estadística podría bajar a mil 388 asesinatos, cuando en los últimos años la cifra ha variado de mil 283 a mil 851.

Sin establecer cómo se planea bajar a 132 el número de secuestros para el 2024; en la actualidad la cifra oscila entre 146 a 172. En el caso de feminicidios, según el documento, se van a reducir en un 25 por ciento, al pasar de 100 a 75 los asesinatos por condición de género.

Esbozó como otro objetivo bajar al 23.5 por ciento la prevalencia de violencia ejercidas entre mujeres casada o unidas de 15 años o más; la tasa al 2018 es de 29.5 por ciento. En el ámbito de prevalencia de violencia en el ámbito laboral proyecta reducirla al 18.9 por ciento; el año pasado la estadística reportaba que el 20.9 por ciento de personas la padecían.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024, que se entregó al Congreso local el pasado 01 de abril, basa su programa de gobierno contra la delincuencia en las acciones de combate y prevención del delito de la federación, es decir, deja el trabajo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al calcar las medidas preventivas y de combate, incluso para delitos del fuero común.

Durante la campaña, el hoy gobernador prometió mejorar las condiciones laborales de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a quienes se les capacitaría y otorgaría seguros de vida, servicios médicos para ellos y sus familias, según lo declaró el 29 de abril del 2018.

El compromiso no se incluye en el plan, ni se proyecta aumentar el número de elementos activos, o mantener el proceso de depuración y certificación, aunque se reconoce que hay policías coludidos con el crimen organizado.

El PVD preparan acciones de gobierno en cuatro ejes centrales: Política y Gobierno, Política Económica, Educación, y Bienestar Social, que involucra 16 objetivos y estrategias, 91 líneas de acción y 78 indicadores que serán evaluados de manera constante.

Para lograr el bienestar social se reconoce que la inseguridad es un factor que incide directamente entre la población, pues produce incertidumbre entre el empresariado y la clase trabajadora, lo cual detiene el crecimiento económico de las regiones, por lo que planteó un plan para promover la cultura de la paz.

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Inseguridad la heredaron priistas y panistas

En la justificación detalla que en los últimos doce años los mexicanos han padecido un ambiente de inseguridad imbricado de asesinatos y desapariciones. Ello implica toda una descomposición política, económica, jurídica tanto de parte del gobierno como de grupos delincuenciales que incurrieron en la violación de Derechos Humanos en diversas formas.

Desde 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló la impericia del Estado para garantizar entornos democráticos como razón del aumento de la incidencia delictiva. Es decir, la pobreza, la falta de educación y empleo, la desigualdad, la injusticia social y la omisión de las autoridades gubernamentales en la protección de los derechos fundamentales, generan desconfianza de la población hacia las instituciones que los representan.

La situación delictiva se agrava al estar relacionados mandos y elementos policiales en la ejecución de los delitos, así como por la cuestionable eficiencia de la autoridad judicial en la resolución de las carpetas de investigación.

Se establecen como causas de corrupción entre los elementos de seguridad: equipamiento deficiente, escasa seguridad social, salario precario, inadecuado programa de crecimiento profesional e insuficiente número de elementos policiacos en relación con la población del Estado.

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Estadísticas revelan que mejor Veracruz estaba mejor con Duarte: PVD

Durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares se dispararon delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y homicidio doloso, por lo que el problema de inseguridad fue heredado; lo que prende un foco rojo para la nueva administración.

Conforme los datos del Índice de Paz México (IPM) en 2016, durante la administración de Javier Duarte, Veracruz fue el tercer estado con menor violencia de la República mexicana. En la medición de 2018, en el periodo del panista Miguel Ángel Yunes Linares, desciende al lugar nueve.

Los delitos de extorsión, secuestro, robo y homicidio aumentaron en la entidad, disminuyendo la percepción de seguridad social y bienestar de las personas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Para 2017, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático México (IDDMex), las fosas clandestinas encontradas y la disputa entre diferentes grupos criminales contribuyeron negativamente a la percepción de seguridad en la entidad.

“La situación de inseguridad en Veracruz se complejiza debido a la cantidad excesiva de delitos no denunciados o cifra negra, la cual alcanza 92.3% en la entidad (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública [ENVIPE], 2018)”, se establece en la justificación del planteamiento en materia de seguridad.

Entre las razones principales por las que la ciudadanía no denuncia, destaca la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades, en 56.3% de los casos, posicionando al estado como la tercera entidad con menor nivel de confianza entre su población y con una alta percepción de corrupción entre ministerios públicos, elementos de la policía estatal y la policía de tránsito.

Y se establecen metas para el año 2024 que buscan reducir la incidencia delictiva de delitos como homicidio doloso, secuestro, feminicidios, y bajar las agresiones cometidas contra mujeres en su ámbito familiar y laboral; incluso, plantea atender las recomendaciones por violación a derechos humanos.

En qué consiste el programa de gobierno

Para promover la cultura de la paz, el mandatario estatal propone crear la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos para la atención de la Declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos.

Emitir la Estrategia de Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, coordinada a través de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos al interior del Poder Ejecutivo, acción que se presentó el pasado 25 de enero, pero no se delinearon las acciones a seguir.

Además, propone ordenar el fortalecimiento de la estrategia de atención a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, priorizando los municipios en Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres por feminicidios con población indígena.

Coordinar en el territorio estatal la estrategia de seguridad en conjunto con el Plan Nacional de Paz y Seguridad y la Estrategia Nacional en Prevención del Delito y Recuperación de Espacios Públicos; definir las estrategias de combate a los delitos en todo el territorio, priorizando las regiones de mayor incidencia delictiva.

Proponer erradicar la represión, tortura o cualquier otro acto que vulnere los Derechos Humanos, enfatizando la cometida por elementos de las fuerzas de Seguridad Pública; generar estrategias para erradicar la trata de personas en el territorio veracruzano; instruir la creación, divulgación, implementación y evaluación de programas de educación, Cultura de Paz y Derechos Humanos.

Así como coordinar acciones interinstitucionales en materia de Cultura de Paz y Derechos Humanos, anteponiendo la atención a población indígena, migrante, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Atender conforme a la Ley las recomendaciones en materia de Derechos Humanos.

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