• Seguridad

Los 10 crímenes que impactaron a Veracruz, y siguen sin esclarecerse

  • Miguel Ángel León Carmona
Crímenes contra activistas, empresarios, policías, abogados, taxistas y hasta chambelanes; en todos hay impunidad

Xalapa, Ver. – Detrás de la masacre en Minatitlán -que acabó con la vida de 13 personas- se apilan crímenes contra activistas, empresarios, policías, abogados, taxistas y hasta chambelanes. El común denominador es que ningún agravio ha sido esclarecido y los responsables están libres.

E-Consulta Veracruz presenta un recuento de 10 casos que suman 30 víctimas de homicidio doloso y una más por violación. Las promesas de justicia por estos ataques se han visto mermadas por una disputa institucional entre el titular del ejecutivo y el Fiscal general, Jorge Winckler, quienes se culpan por no preservar la seguridad en el estado y por no aprehender a los culpables.

Para el abogado penalista Celestino Espinoza Rivera y el investigador del Instituto de Investigaciones Histórico -Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), Alberto Olvera Rivera, las diferencias políticas y la alta impunidad es un mensaje peligroso de las autoridades a quienes siembran terror en la entidad.

1.- Abiram Hernández, activista asesinado a golpes en su vivienda

El 30 de marzo de 2019, de un artero golpe en la cabeza fue asesinado el activista y acompañante de colectivos de familiares de desaparecidos Abiram Hernández Fernández. El cuerpo del joven, de 37 años de edad, fue encontrado en la sala de su domicilio, en la colonia Arboledas del Sumidero, en Xalapa.

Por ese hecho, el gobierno de Veracruz emitió un comunicado exhortando a la Fiscalía General del Estado (FGE) a dar con los asesinos. En tanto, la procuraduría públicamente se comprometió a realizar las diligencias correspondientes, pero el crimen cumple 27 días sin ser resuelto.

Abiram Hernández, de profesión sociólogo, es recordado por realizar protestas en favor de familiares de desaparecidos, así como por emitir críticas durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) y de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) por temas de inseguridad y violaciones a los derechos humanos.

2.-“Levantan” y asesinan a mujer taxista, en Medellín de Bravo

El 29 de marzo, Sara Martínez Sandoval de oficio taxista fue privada de su libertad en Boca del Río cuando tras ser abordada para un servicio a la localidad de Zempoala, a una hora y media de ese lugar. El 5 de abril, autoridades confirmaron que el cadáver de la mujer de 46 años fue encontrado a la altura del panteón La Esperanza en la localidad de Paso del Toro, en Medellín de Bravo.

Taxistas de la zona conurbada y amigos de la víctima desplegaron una búsqueda para dar con su paradero. El cuerpo de la ruletera fue localizado el 2 de abril, estaba tapado con varias llantas y presentaba signos de violencia. Este caso tampoco ha sido esclarecido pese a su trascendencia en medios.

3- Abogado y familia que denunciaron corrupción, acribillados en Papantla

El 28 de marzo, el abogado Juan Manuel Polo Jiménez, originario del Estado de Hidalgo, Isidoro Jiménez Pérez y Marilú Aguilera García, fueron acribillados en el municipio de Papantla, después de una audiencia donde señalaron un presunto fraude cometido por el titular de la Notaría Sexta, con sede en Papantla, quien habría expedido escrituras falsas.

El litigante, antes de ser asesinado, también culpó en entrevista a Carlos Pantoja de la Cruz, presidente de la Barra de Abogados Independientes de Poza Rica. Pese a los hechos que antecedieron al multihomicidio, la procuraduría no emitió siquiera una línea de investigación. Tampoco hay detenidos.

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4.- Sin esclarecer presunta ejecución extrajudicial, en Úrsulo Galván

El 29 de marzo, el cuerpo de Isaac Alejandro Pérez Rivera fue hallado en el Servicio Médico Forense de Xalapa, un día después de que su esposa, Roxana Contreras, denunciara en redes sociales su detención y posible desaparición forzada, tres días atrás. 

La joven denunció con fotografías en mano, que su esposo estaba en manos de la Fuerza Civil, pues observó que una imagen difundida por la SSP sobre la detención y aseguramiento de armas, se ve que su esposo es llevado con vida, esposado. Posteriormente fue notificada sobre su muerte.

El caso cobró relevancia, luego de que un sobreviviente de esas “ejecuciones”, Leonardo “N” narrara a E-Consulta Veracruz que nunca hubo una balacera, como lo reportó la Fuerza Civil, sino que los oficiales ejecutaron a tres hombres, a él le dieron un rozón de bala en la cabeza y montaron un fuego cruzado.

El gobierno estatal negó tal versión, aunque después reconoció que sí hubo elementos dados de baja y sometidos a una investigación al interior dela corporación. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación tras la denuncia del sobreviviente, pero a la fecha no ha consignado a ningún policía.

5.- Tres chambelanes ejecutados en Cosoleacaque

El 23 de marzo, dos menores de edad y un joven de 22 años fueron acribillados en una vivienda localizada en la colonia Salinas de Gortari en el municipio de Cosoleacaque.

De acuerdo con reportes policiales, los jóvenes ensayaban una coreografía para una fiesta de 15 años cuando civiles atacaron a los tres chambelanes Alfredo, Said Santiago y Juventino de 11, 16 y 22 años respectivamente. Las víctimas fueron trasladadas hasta un centro médico, pero fallecieron.

Los presuntos delincuentes se transportaban en cuatro vehículos y luego de cometer el agravio rafaguearon una camioneta estacionada afuera de la vivienda. Ninguno fue capturado.

6.- CJNG embosca a policías estatales y causa bajas en Tierra Blanca

Después de 28 días, no hay un solo detenido por las 72 horas de terror infundado en nueve municipios de Veracruz. Entre el 15 y 17 de marzo- carreteras federales, hospitales y comandancias policiales albergaron 11 choques entre presuntos integrantes del Cartel de Jalisco y el gobierno estatal, con un saldo de cinco personas muertas.

El grupo delincuencial causó la baja de un elemento de la Fuerza Civil que fue emboscado junto a más compañeros sobre la carretera federal 145; además provocó afectaciones en las fachadas de las comandancias de Tierra Blanca y Jáltipan, que sirvieron como campo de batalla.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abatió a cuatro presuntos delincuentes, aseguró armamento, productos robados y vehículos de lujo en dos ranchos en Tierra Blanca y Tlalixcoyan y desmanteló una casa de seguridad en Boca del Río, donde fueron liberadas dos menores de edad.

Aunque el mensaje de la SSP fue que no cederían terreno contra esta poderosa organización, la Fiscalía no empleó investigaciones a fondo, al excusarse en que el tema estaba relacionado con delincuencia organizada y, en tanto, era competencia de la Fiscalía General de la República (FGR).

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7.- Fuerza Civil acusada de violar a profesora, en Tlalixcoyan

El 15 de marzo de 2019, una profesora fue detenida por elementos de la Fuerza Civil cuando regresaba de dar clases en el municipio de Tlalixcoyan, en la localidad conocida como La Mixtequilla.

La catedrática de identidad resguardada aseguró que ella y otras seis personas fueron torturados, golpeados, asaltados y abusados por los uniformados. Por esos hechos, la Fiscalía Séptima Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, las Mujeres, Indígenas, Niños y Trata de Personas, abrió la carpeta de investigación 834/2019, para dar con los responsables, aunque sin éxito hasta la fecha.

8.- Impune linchamiento de 4 en Soledad Atzompa

El 28 de febrero 6 supuestos delincuentes, entre ellos dos menores de edad, fueron linchados en el municipio de Soledad Atzompa, luego de que se enfrentaron con integrantes de la guardia comunitaria que opera en la zona.

Estos hechos fueron reprobados por el Fiscal general Jorge Winckler y por el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sin embargo, las familias de las 6 víctimas no han recibido justicia.

9.- Secuestran y asesinan a empresaria en Coatzacoalcos; filtran fotos de su cadáver

El 14 de febrero de 2019, se confirmó la muerte de la empresaria Susana Carrera luego de estar una semana privada de la libertad por secuestradores que pedían más de 4 millones de pesos por su rescate. Su cuerpo fue localizado en la colonia Benito Juárez, en Coatzacoalcos, al sur del estado.

Por este crimen no hay responsables en prisión, pero tampoco los hay para las autoridades que filtraron a medios tres fotografías del cadáver decapitado Susana Carrera sobre las planchas del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Coatzacoalcos. Aunque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) confirmó que abrió una queja de oficio, la Fiscalía Anticorrupción no ha anunciado sanciones administrativas ni penales.

10.- comerciantes ejecutados por cobro de piso, en Xalapa

El 07 de febrero de 2019, María del Carmen R. H. líder comerciante, fue ultimada a balazos al interior de la Plaza Clavijero de Xalapa. La falta de coordinación entre las autoridades estatales se hizo evidente, cuando peritos de la FGE arribaron 50 minutos después del crimen; mientras que policías estatales frenaron el pánico de locatarios colocando una cobija para cubrir el cadáver.

Cinco días más tarde, otro menor de edad que ofrecía “ropa americana” a un costado del mercado Rendón fue asesinado a balazos. Los dos hechos fueron atribuidos a extorsiones también llamadas “cobros por derecho de piso” por el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Alta impunidad y diferencias políticas, el mensaje de autoridades a criminales: expertos

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Para Alberto Olvera Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico -Sociales de la Universidad Veracruzana (UV) el mensaje de las autoridades por estos casos “es el mismo que se ha enviado a los criminales desde hace muchos años, que hay una completa impunidad para todo tipo de crímenes”.

Según el Índice de impunidad de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), dijo el entrevistado, Veracruz es uno de los peores tres estados del país en materia de fortaleza institucional de las instituciones de justicia. Tenemos muy poco personal policiaco, poco entrenado, mal profesionalizado y sin los suficientes controles; tenemos una fiscalía con muy pocos recursos humanos y materiales y, en el caso de Veracruz, sumida en un conflicto político con el gobierno del estado; y tenemos pocos jueces y mal calificados para los delitos que llegan a ser judicializados”, mencionó.

El también premio al Decano Universidad Veracruzana (2007-2010), opinó que para resolver el problema de la impunidad no basta con la voluntad política, ni con enviar cientos de soldados a ciertos lugares del estado. Se necesita fortalecer las instituciones. Tenemos una larga lista de crímenes impunes en la actual administración y no van a ser resueltos, independientemente de quién sea el fiscal, si esa fiscalía no tiene los medios para operar profesionalmente, así como estamos observando que a pesar de que tenemos un nuevo gobierno, la policía estatal es incapaz de cumplir adecuadamente sus funciones”.

Sobre el mensaje que se da a víctimas indirectas y a la sociedad con las diferencias institucionales entre el gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, Olvera Rivera, dijo:

“El conflicto político es precisamente un conflicto de poder, de espacios, de lealtades. Pero en una circunstancia de emergencia de seguridad en todo el estado, independientemente de cómo se resuelva el conflicto político interinstitucional, es necesario recordar que mientras exista como autoridad el actual fiscal es necesario que las instituciones se coordinen en la práctica, cualquier otra actitud de cierre a la cooperación es francamente un acto irresponsable”.

Ante la declaración del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien culpó a “los conservadores” de avivar las críticas en el tema de violencia, el catedrático de la UV, refirió:

“Es importante que la clase política en su conjunto y no solo el Presidente reconozcan que la crítica pública es necesaria para el funcionamiento de cualquier democracia. La crítica, venga de donde provenga, es necesaria para la mejora de la actuación de las autoridades, para el reconocimiento de los problemas. Sin crítica pública, sin debate público, no hay democracia”.

El abogado penalista, Celestino Espinoza Rivera, coincidió que la impunidad en Veracruz tiene que ver con la voluntad política. Al respecto mencionó: "si bien las instituciones de procurar justicia han fallado, no solo se debe a los malos funcionarios de primer contacto, a la burocracia apática de la que se quejan las victimas haber recibido malos tratos y a los superiores que no han sabido aprovechar personal eficiente al interior de las instituciones, la impunidad tiene que ver más con la voluntad de los funcionarios que dirigen a tales instituciones, ya que en el discurso público mencionan interés de coordinarse, de investigar, de dar resultados, pero en los hechos no lo demuestran.

El especialista puso como ejemplo los trabajos de investigación realizados tras la masacre en Minatitlán. “La Fiscalía presume tener diecinueve entrevistas, pero trece de ellas deben ser de los familiares que fueron a hacer el reconocimiento oficial de su víctimas, siendo entrevistas que no son verdadero trabajo de investigación puesto que las victimas indirectas llegan solas a aportar la información con tal de que les entreguen los cuerpos de sus seres queridos, quedando únicamente seis entrevistas que podrían ser de los testigos presenciales y/o vecinos, es decir la fiscalía no está cumpliendo con su deber de investigar pues no se aportan datos a la investigación más allá de la que se tiene a la mano, no hay una investigación propositiva, diligente, encaminada a obtener la plena identidad de los responsables, evidenciando que no existe interés de resolver el caso sino únicamente de justificarse ante la opinión pública.

“Del otro lado tenemos la prevención que sigue siendo un tema pendiente en el que pareciera no hay verdadera planeación y/o detección del delito, únicamente se reacciona, además la política criminal es nula. Sin embargo el problema deviene desde la construcción legislativa ya que los legisladores prefieren aumentar las penas y la prisión preventiva a hacer una revisión exhaustiva del marco legal penal y administrativo con la finalidad de mejorar las instituciones policiales y de procuración de justicia, dignificando sueldos, prestaciones y candados para evitar el uso discrecional de los recursos destinados a la capacitación para evitar simulaciones y que esta se aplique en quienes verdaderamente la necesitan”, opinó el jurista.

 

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