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Amagada con denuncias, diputada del PRI avala PVD de Cuitláhuac

  • Isabel Ortega
Erika Ayala había asumido una postura crítica ante confrontación del gobernador Cuitláhuac García y el fiscal Jorge Winckler

Xalapa, Ver.- La posibilidad de que presenten denuncias penales por la asignación irregular de más de 498 plazas al interior del Colegio de Bachilleres de Veracruz (COBAEV), obligaría a la diputada local y líder del SUIT-Cobaev, Erika Ayala Ríos, coordinadora de la fracción PRI-Verde, asumir una postura de respaldo y acompañamiento a las iniciativas legislativas de Morena y del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

En el marco de la votación del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), que se presentó al pleno este 30 de mayo, la legisladora salió a la defensa de las líneas rectoras del gobierno de Morena para el periodo 2018-2014, al señalar que el documento, que fue calificado como deficiente por el PAN y el PRD, es innovador, y mejor a los planes de otras entidades federativas.

La priista que había asumido una postura crítica ante la confrontación del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, en las últimas sesiones ha optado por mantener un bajo perfil y apoyar las propuestas de la mayoría.

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El grupo legislativo PRI-Verde que coordina respaldó iniciativas importantes como la ampliación del plazo para la adecuación del presupuesto del 2019, la Ley de Austeridad Republicana y la Ley de Medios.

Cuando se sometió a votación el Juicio Político contra Jorge Winkler Ortiz, ella optó por no respaldar el intento de Morena de separarlo del cargo e inhabilitarlo; y le aclaró al Gobernador que los diputados no “encubrían” al abogado de los veracruzanos, luego de que el mandatario arremetió en su contra por no dar continuidad al trámite legislativo.

Este 30 de mayo se validó el Plan Veracruzano de Desarrollo. De los 49 diputados presentes en la sesión ordinaria, 43 votaron a favor, el panista Enrique Cambranis fue en contra; Omar Miranda y Bingen Rementería Molina se abstuvieron. Mientras que Erik Aguilar, María Graciela Iñiguez y Juan Carlos Molina Palacios, a pesar de que pasaron lista al inicio de la reunión se abstuvieron de votar.

En su discurso desde la máxima Tribuna de la Cámara local, Ayala Ríos pidió entender que los planes de desarrollo, en cualquier orden de gobierno, son resultados de la visión de los problemas y de las aspiraciones para resolver de quienes las presentan, en este caso el partido Morena.

Al analizar el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), que remitió el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el mes de abril, la fracción del PRI concluyó que los objetivos, estrategias, metras y prioridades corresponden, en lo general, con la aspiración de la mayoría de los veracruzanos.

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Las omisiones que se puedan proyectar en el documento rector de la administración de Morena, tendrán que ser valoradas y modificadas por García Jiménez, el único facultado por la ley.

En defensa del documento, que fue criticado por la oposición, argumentó que “se encuentra metodológicamente bien estructurado y con elementos innovadores, además de que señala estrategias para resolver los muchos problemas que Veracruz padece, sobre todo la población con mayor grado de marginación social y económica”.

Una preocupación que se tenía era que el Plan Veracruzano no estuviera alineado al Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, una vez conocido este último y su generalidad, se pudo constatar que el del Estado no sólo está alineado con el Nacional en lo relativo a las materias de los ejes generales y transversales.

“Además contiene elementos más innovadores que lo distingue, incluso entre los planes de desarrollo de otras entidades federativas”.

La fracción que coordina votó a favor de la Ley de Medios, el pasado 02 de mayo. La legislación tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

El 09 de mayo apoyó la propuesta de García Jiménez, que planteó conveniente impulsar el esquema de financiamiento con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con el fin de mejorar la gestión de las finanzas públicas de los municipios veracruzanos, permitiéndoles desarrollar proyectos que beneficien directamente a la población o con alto nivel de rezago social

Si bien su postura era de respaldo al Ejecutivo, el 30 de abril la legisladora se confrontó mediáticamente con el gobernador Cuitláhuac García, quien afirmó que el Congreso local “encubre” al fiscal Jorge Winckler.

En su momento declaró que para enjuiciar a alguien se debe contar con las pruebas necesarias y ellos no podían votar algo por “cargada” o “quedar bien”.

“A cada uno le toca hacer su trabajo, nosotros hemos hecho el nuestro que es legislar, en ese sentido seguiremos actuando en consecuencia. Y si se muestran pruebas y argumentos se va a resolver, siempre conforme a derecho, no podemos adelantar juicios”, respondió ante la posibilidad de enjuiciar nuevamente al Fiscal General.

A penas tres días después de su declaración -el 03 de mayo- se denunció que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) detectó irregularidades en 498 plazas asignadas al Colegio de Bachilleres de Veracruz (COBAEV), que se concedieron en los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.

De ese total, 214 se trataban de trabajadores que solo cobraban compensación, con montos que van desde los 19 mil hasta los 30 mil pesos y que obliga a un gasto anual de 100 millones de pesos, sin presentarse a trabajar.

El anuncio lo hizo el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Roberto Zenyazen Escobar García, quien aseguró que esos puestos se otorgaron a personas que se encontraban comisionadas en el Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUITCOBAEV).

Ante las irregularidades detectadas la dirigente sindical, Erika Ayala Ríos, recomendó presentar las denuncias penales y dar a conocer los nombres y apellidos de los aviadores, en especial porque hace un par de años que no se han otorgado plazas laborales, y por el contrario se mantienen pagos pendientes a los sindicalizados.

Información extraoficial confirma que se prevé que la semana próxima se podrían estar presentando las denuncias por el supuesto pago a aviadores al interior del Cobaev.

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