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SEA en Veracruz: sin dientes, ni rumbo, ni integrantes

  • Carlos Caiceros
Desmantelado, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) carece de resultados y de integrantes para cumplir con su trabajo

Xalapa, Ver.- Concebido tácitamente para proponer y aplicar políticas de combate a la corrupción en la entidad, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) experimenta una crisis de inacción debido a la ausencia o a la reestructuración en los cargos de sus integrantes.

Es el caso del Fiscal Especial en Combate a la Corrupción, en la persona de Marcos Even Torres Zamudio, actualmente prófugo de la justicia y con una orden de aprehensión en su contra.

Además, debido a la renovación en el pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la Comisionada Presidenta Yolli García Álvarez inició los trámites en busca de un nuevo cargo público, ahora, en el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

En el caso del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, finalizará este 26 de septiembre su ejercicio 'de facto' como auditor general del ente.

En la Contraloría General del Estado (CGE), la entonces titular Leslie Mónica Garibo Puga presentó su renuncia al cargo el pasado 13 de septiembre, y en su lugar, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez designó a la bioquímica Mercedes Santoyo Domínguez.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley del Sistema Anticorrupción, este aparato se conformará por siete personas, representantes de distintas áreas relacionadas con transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno y fiscalización.

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A) El Presidente del Comité́ de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), actualmente en la persona de Emilio Cárdenas Escobosa, recién designado titular de dicho colegiado.

B) El segundo integrante es el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), en una posición 'faltante' debido al proceso de renovación en el ente, de entre una terna conformada por Cecilia Coronel Brizio, Delia González Cobos y Jorge Hernández.

C) El tercero es para el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marcos Even Torres Zamudio, actualmente prófugo de la justicia debido a la orden de aprehensión en su contra.

D) La cuarta posición en el SEA es para la titular de la Contraloría General, hoy, Mercedes Santoyo Domínguez, con apenas 12 días en el ejercicio y solicitante de un “voto de confianza” de la ciudadanía al admitir que todavía no concluye con la revisión de las carpetas y expedientes pendientes en dicha instancia.

E) En un quinto lugar sobresale el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Pedro García Montañez, investido para un cargo por diez años, aunque el periodo de su presidencia se prevé sólo para dos años: de enero de 2018 a enero de 2020, aunque con la posibilidad de una relección.

F) La sexta posición se la reserva a la Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli Garcia Álvarez, a seis meses de cumplir con su encargo como integrante de dicho órgano garante.

G) Una séptima y última posición es para el representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

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Proceso sui géneris

Para la Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) Yolli García Álvarez, la situación en el SEA de Veracruz es “sui géneris” no sólo ante la rotación, ausencias y fin en el cargo de sus integrantes, sino porque en el primer año de ejercicio, el pleno del Sistema sólo proyectó, discutió y definió cuestiones de fondo, no de forma: presupuesto, estructura y administración.

“Que el SEA, que tardó un tiempo en estar debidamente conformado, pues continúe debidamente conformado, tenemos un primer año que todas las actividades tuvieron que ver con cuestiones administrativas: establecer una estrategia, una estructura, señalar un presupuesto, y prácticamente el primer año del Sistema fue para el arranque” resaltó.

El primer año del SEA coincidió no sólo con la renovación del Consejo de Participación Ciudadana y la salida de Sergio Vázquez Jiménez y el ingreso de Emilio Cárdenas; sino con los acelerados e imprevistos cambios en la Contraloría del Estado, la Fiscalía del Estado, y por consecuencia la Fiscalía Anticorrupción, y los inminentes cambios en el IVAI y el ORFIS.

“Estamos en un proceso sui géneris porque vamos a tener la sustitución del titular del Orfis y estos momentos en la Fiscalía traerán la sustitución del Fiscal Anticorrupción y un cambio en los integrantes”.

Por lo anterior, vislumbró para los próximos miembros un escenario “complicado”, dado que arrancarán de cero la estructura de un órgano autónomo.

Designada integrante del pleno del IVAI el 26 de marzo de 2014 por el Congreso del Estado, García Álvarez resultó electa Presidenta de dicho ente garante tras la votación entre el entonces consejero Fernando Aguilera de Hombre y el hoy Comisionado José Rubén Mendoza Hernández el 3 de agosto de 2015.

Dado que su cargo vence en marzo del próximo año, la aún Comisionada ingresó documentación en busca de contender por la vacante en el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE).

“Yo creo que (yo) concluiría (el cargo) sin ningún problema, resuelve el Consejo (General del INE) en enero, la convocatoria no dice la fecha pero ellos dicen cuando entraría en funciones” resaltó.

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Sin dientes, ni dinero

Aparte de no acelerar cuestiones de forma, el SEA experimentó a principios de enero una situación crítica de liquidez e irregularidades, entre estas, despidos injustificados de 28 trabajadores, además de acusaciones por poner a trabajar al personal sin seguridad social, y no pagar el impuesto a la renta.

El primer golpe contra el SEA, conformado por dos posiciones cercanas al ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: Marcos Even Torres y Pedro García Montañez, ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando el colegiado recibió una disminución de casi 50 por ciento en su presupuesto.

El entonces presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) Sergio Vázquez Jiménez, que en la propuesta inicial de presupuesto, el Sistema Anticorrupción solicitó 41 millones de pesos, necesarios para el pago de nómina y arrendamiento del inmueble en Landero y Coss 42.

Sin embargo, en las modificaciones entregadas al Poder Legislativo, el Ejecutivo solo destinó 20.5 millones de pesos para dicho sistema.

Dicho "recorte", abundó, igual aplicó para todos los entes adscritos al Sistema Anticorrupción, es decir, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Órgano de Fiscalización (ORFIS) e incluso la Contraloría General del Estado.

Y aunque en su momento solicitó a los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado del Poder Legislativo un análisis cuidadoso de la labor del SEA y de las necesidades por cubrir, este nunca se concretó.

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