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Así destroza la desaparición forzada núcleos familiares, en Veracruz

  • Isabel Ortega
Enfermedades mentales, estudios truncos, proyectos de vida coartados como secuelas tras la desaparición de un miembro de la familia

Xalapa, Ver.- Enfermedades mentales, crónico degenerativas, estudios truncos y cambios en el proyecto de vida de las familias, son secuelas que deja la desaparición forzada y la indebida investigación de las autoridades estatales. La revictimización del núcleo familiar en la búsqueda e identificación de restos ubicados en fosas clandestinas, también forma parte de los daños. Así lo acreditó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Recientemente la CEDH emitió una nueva recomendación por desaparición forzada por el caso de ocho jóvenes privados de su libertad en la colonia Modelo de la localidad de Cardel, en el municipio de la Antigua, Veracruz, ocurrido el 30 de noviembre del 2012, periodo de Javier Duarte de Ochoa.

En una primera recomendación (03/2018) la Comisión acreditó la desaparición forzada. Siete jóvenes fueron privados de su libertad por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, y su destino y paradero fue ocultado permanentemente.

En esa ocasión, se responsabilizó a elementos del Grupo de Coordinación Veracruz seguro, comandado por el entonces delegado Marcos Conde Hernández, preso por la desaparición forzada de cinco jóvenes de Playa Vicente en el año 2016, en el municipio de Tierra Blanca. 

En 2018, se encontraron los restos de algunos jóvenes desaparecidos en Cardel, en las fosas de Colinas de Santa Fe, un cementerio clandestino en el que se localizaron 298 cráneos y miles de fragmentos óseos; el proceso de identificación de los restos generó daño moral a la familia de Miguel Ángel Sandoval Cervantes.

 

La CEDH emitió la recomendación 46/2019 relacionada con los daños causados al padre, madre, tres hermanos, esposa e hijo de Miguel, quien fue víctima de desaparición forzada en el periodo de Arturo Bermúdez Zurita, y a quien se localizó cinco años después en el cementerio más grande de Latinoamérica.

El organismo no gubernamental acreditó daño moral, aquel que afecta los sentimientos, las creencias, la salud psíquica o física, la estima social o la dignidad de una persona; el lucro cesante, que es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia del daño; y el daño emergente, que corresponde al valor o precio de un bien o cosa.

Toda la familia cambió su forma de vida y proyectos personales por la búsqueda de uno de sus integrantes; incluso, perdieron su patrimonio familiar -una tortillería- en el proceso de búsqueda, localización e identificación del joven al que entregaron en solo el 80 por ciento de sus restos.

La última recomendación vincula al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Maldonado y a la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, de reparar el daño integral a la familia Sandoval Cervantes, por hechos ocurridos e investigados por el Duartismo. Y por la revictimización en el que incurrió personal de la Fiscalía, a cargo de Jorge Winckler, abogado impuesto en el Yunismo.

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El viacrucis de la búsqueda

En la narrativa de la queja se menciona que la madre de Miguel, posterior a la desaparición de su hijo, empezó a tener secuelas en su salud física y psicológica. Desarrolló diabetes, hipertensión arterial y un cuadro de depresión.

Don Miguel, cabeza de la familia, se enfocó en la búsqueda, y tras un peritaje psicológico, se comprobó que padecía desgaste físico y emocional que derivó en hipertensión; “presentaba una afectación emocional severa derivado de la desaparición de su hijo”.

Dos de sus tres hermanos, que estudiaban y trabajaban en Oaxaca, se vieron obligados a regresar a Veracruz para apoyar a la familia en la búsqueda de su hermano Miguel, “ante el deteriorado estado de salud de su madre”.

“A raíz de la desaparición forzada, sus padres se han vuelto más aprehensivos y permanecen en estado de alerta. Señaló que para evitar preocuparlos no sale por las noches ni convive con sus amigos, pues si llega a salir, su madre la llama constantemente por teléfono para asegurarse que se encuentra bien”, narra en su declaración a la CEDH.

Un segundo hermano se encuentra en tratamiento psicológico; y el tercero, que también vivía en Oaxaca, renunció a su empleo y regresó a vivir a la ciudad de Cardel, para apoyar a su padre en las labores de búsqueda.

Narró que participar en dichas labores aparte del desgaste económico, el cual asumió con recursos económicos propios, implicaba un desgaste emocional pues señaló que cuando se enteraba de alguna ejecución o de la localización de algún cuerpo sin vida, acudía al lugar del hallazgo para verificar si se trataba de su hermano, con la esperanza de poder encontrarlo.

La esposa de Miguel contó que una vez que les fue notificada la localización de los restos de su ser querido, informó a su hijo sobre el fallecimiento: Evitó contarle sobre la desaparición forzada.

“En fechas importantes como el día del padre, navidad o su cumpleaños, (su hijo) hace referencia que le gustaría que su papá estuviera con él.  Relató que procura que mantenga el recuerdo (de su papá), por lo que le platica de él, le cuenta que le gustaba y le muestra fotografías”.

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Un día en la vida de la familia  

La Comisión detalló que los hechos referidos por la familia cambiaron drásticamente el curso de su vida. Don Miguel, iniciaba labores desde muy temprano en su tortillería; su hijo operaba la máquina y su esposa cobraba y despachaba en el local. Mientras él hacía repartos de tortilla a domicilio en motocicleta.

Derivado de la desaparición se vio obligado a cerrar el negocio pues su esposa no podía trabajar por su delicado estado de salud y él se dedicaba a buscar a su hijo.

A raíz de la desaparición, tuvo que vender la máquina, sus motocicletas y demás bienes para hacer frente a las necesidades básicas de su núcleo familiar y para solventar los gastos de localización de su hijo Miguel.

Actualmente, las condiciones económicas de la familia son precarias, se dedican a la venta de masa y reventa de tortillas, productos que adquieren de otras tortillerías. Los ingresos que obtienen no resultan suficientes para solventar sus necesidades mínimas ni para para garantizar la atención médica que requieren, detalla la recomendación.

FGE revictimiza a la familia

La Fiscalía General no solo fue omisa en la atención inmediata a la denuncia por la desaparición forzada, pues obligaron a pasar 72 horas para iniciar la indagatoria, también revictimizaron a toda la familia Sandoval en el proceso de identificación de los restos localizados en Colinas de Santa Fe.

A mediados del mes de agosto del año 2017, fueron citados en la Fiscalía Especializada en el Puerto de Veracruz, para explicarles a los familiares que habían localizado unos restos en las fosas de Colinas de Santa Fe y que, después de realizar los estudios de genética, contaban con el 100% del perfil genético de 3 de los cráneos.

En el caso de Miguel, se les informó que únicamente tenían el 50% de su perfil genético puesto que solamente su esposo había aportado muestra de ADN, y pidieron a su mamá a proporcionar una muestra para hacer el estudio correspondiente.

Al paso de los días, les entregaron la caja con los restos de Miguel, “no se les explicó cabalmente qué les estaban entregando, pues inicialmente les comentaron que sólo habían localizado el cráneo, pero que al llevarlo a la funeraria el encargado les explicó que los restos correspondían al 70% o 80% de un cuerpo humano”.

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá que pagar una compensación por daño moral a la familia, y la Fiscalía General se hará cargo por el lucro cesante por las omisiones en la investigación.

Tendrán que crear un fideicomiso para que cuando el hijo de Miguel cumpla 18 tenga acceso a los recursos por el daño generado a su familia.

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