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Dan “pena de muerte” electoral a agresores de candidatas en comicios

  • Carlos Caiceros
Violencia política de género ya puede anular elecciones locales en Veracruz; diputados avalaron Ley contra caciques agresores de candidatas

Xalapa, Ver.- A partir de un mensaje intimidatorio contra una candidata en 2018, el Congreso del Estado aceleró una propuesta de reforma para endurecer los castigos contra cualquier expresión de violencia política contra las mujeres que buscan un cargo público en Veracruz.

Los diputados avalaron, con 36 votos a favor, el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género. Este adiciona una fracción VIII y un párrafo IV y se reforma el párrafo segundo del artículo 396 del Código Electoral del Estado.

De este modo, se confirma que todo hecho de violencia política en razón de género es causal suficiente para declarar la nulidad de una elección local, es decir, solo referente a la gubernatura, diputaciones locales y alcaldías.

La medida responde a dos hechos registrados en 2018, uno de ellos, consistente en un mensaje intimidatorio contra la entonces candidata a diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el Distrito de Pánuco, Octavia Ortega Arteaga, cuando personas le aventaron una mano humana cercenada afuera de su domicilio, además de un artefacto explosivo.

“Me aventaron una bomba molotov estando mis hijos dentro de la casa y eso me obligó a acudir a las autoridades, al Gobernador, al secretario de Gobierno, al de Seguridad Pública y al Presidente de la Junta de Coordinación Política para exigir que mis derechos fueran salvaguardados, así como mi familia y todo eso fue en aquel momento por la participación en la diputación federal”.

Sin mencionar culpables directos, adjudicó a "familias en el poder" el posible origen de la agresión contra su persona en la citada ciudad. La alusión es directa a la familia de Ricardo García Guzmán, exclontralor de Javier Duarte.

Fernando Molina, alcalde de Pánuco por la coalición PAN-PRD, es allegado de García Guzmán, quien buscó la alcaldía aunque la candidatura le fue negada por el partido a nivel nacional, de ahí que impulsó al actual munícipe.

Tras terminar su cargo como presidente municipal de ese municipio Ricardo García Escalante saltó a la curul federal por el Distrito de Pánuco y su hermano, Rodrigo, repitió en la diputación local por la misma demarcación candidateados por el PAN, forjando un férreo control político en la zona norte de la entidad.

"Yo solo les digo que son intereses políticos de familias que quieren permanecer en el poder" dedujo Octavia Ortega. 

El incidente quedó documentado como el primer caso comprobado de violencia política de género en un proceso electoral en el estado de Veracruz ante las instancias jurisdiccionales.

Sin embargo, dada la legislación permisiva, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se limitó a exhortar medidas de no repetición de la violencia política, como consta en el Procedimiento Especial Sancionador TEV-PES-63/2018.

El exhorto del TEV se dirigió a partidos políticos y asociaciones en el Estado, a la FEPADE, al titular del Poder Ejecutivo, al de la Secretaría de Gobierno, al OPLEV, al Instituto Veracruzano de las Mujeres y a la Fiscalía General del Estado: “para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las acciones señaladas”.

El segundo caso corresponde a las expresiones de violencia de género del candidato a diputado local por el Distrito de Tantoyuca, Manuel Francisco Martínez Martínez, quien dijo que los machetes sirven “para dar planazos” a las mujeres que se portan mal.

“Mi bisabuelo Manuel Francisco, traía su machete, este machete sirve para limpiar la milpa, chapolear el potrero, pero también sirve para otra cosa; sirve para darle de planazos a las mujeres que se portan mal” expresó.

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POR LA “MUERTE ELECTORAL”

Ante una penalización débil de la violencia de género, las Comisiones Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género aceleraron el trámite para reformar el Código Electoral, a modo de imponer la mayor sanción: la nulidad de la elección, ante la detección de actos acreditados de violencia política de género, definida esta como parte de la discriminación contra las mujeres.

“Y que tiene como resultado impedir su participación en las mismas condiciones que los hombres en la vida política, social, económica y cultural en el ejercicio de la representación política, para impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley” 

Y es que desde el punto de vista de la Presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas, las multas, el riesgo de prisión, ni llamados a la razón “con la Ley en la mano” han detenido la violencia política de género ni en Veracruz ni en el país.

Por lo anterior, la coautora de la iniciativa de decreto suscrita por 23 diputadas de diversas bancadas, consideró que el Congreso de Veracruz es el primero en América Latina en dar este paso, y esperó que la medida sea replicada en el Congreso de la Unión y tener jurisdicción en todo el país.

Hay que recordar que según el Código Penal a quien incurra en este delito se le impondrá prisión de dos a seis años y multa de 9.87 a 197.33 Unidades de Medida de Actualización.

Robles Barajas dijo también que no había mejor camino para lograr tal objetivo que el de proponer el establecimiento de la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

La nulidad en la elección recibió expectativas favorables de servidores relacionados con la vida electoral de la entidad y en varios casos, coinciden en la actual legislación “blanda” al momento de sancionar dicha conducta.

Es el caso del Presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Alejandro Bonilla Bonilla, quien describió dicha reforma como parte del lento proceso para salvaguardar los derechos políticos de las mujeres.

“La veo positiva, desde el punto de vista personal, porque solamente con acciones contundentes como esa, solo se va a incidir en que no se dé esa actitudes, con medidas fuertes, (…) Yo si estoy de acuerdo con ese tema, porque si no, no vamos avanzando, y hasta que no se tengan ejemplos fuertes, no se atenderían estos casos”, evaluó. 

Y recordó que si bien México y Veracruz avanzaron en el tema del voto universal, “no ha sido fácil” concretar el citado dicho derecho de la mujer.

“Y hoy estamos contentos en Veracruz porque tenemos ayuntamientos y un congreso paritario, lo cual fuimos pioneros en Veracruz en el tema y ha sido por medio de acciones afirmativas y sentencias de los tribunales”

Consideró que sólo una medida severa, como la nulidad de la elección, conducirá a una verdadera eliminación de la violencia política; y admitió que existe cada vez menos la renuencia de los partidos políticos para postular a mujeres.

“Cuando llegamos aquí hace cuatro años al organismo, si encontramos mucha renuencia de los partidos políticos, sobre todo en el tema de la paridad de los ayuntamientos porque les pegaba a sus propuestas, pero ya se dieron cuenta que no hay otro camino y tienen que preparar cuadros de mujeres para empoderarlas. No hay retroceso en esto” 

Por su parte, la magistrada Eva Barrientos Zepeda, de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX-TEPJF), coincidió en que la nulidad de la elección “verdaderamente” dolerá a quienes ejerzan la violencia política con razón de género.

“Me parece que sí es posible porque finalmente debemos de tener sanciones que realmente duelan, inhiban la violencia política de género” apuntó.

Aunque admitió que al igual que los delitos electorales, la violencia de género se realiza de manera velada en el tema político, y a veces, resulta difícil de acreditar.

“Desafortunadamente es muy complejo acreditar una violencia política de género porque no lo hacen a la luz pública, lo hacen de manera velada, entonces es posible sancionarlo y ser muy cuidadoso en las reglas de cuándo se va a sancionar, me parece que sí es posible, la iniciativa que está en el congreso sí está bien motivada”

Recalcó que el punto central de la reforma es enfatizar en el hecho de que hombres y mujeres son iguales; y aunque si bien la actual legislación contempla multas para los infractores, “a veces resulta muy fácil pagar” y esas sanciones no inhiben la violencia política. 

Además el magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Enrique Figueroa Ávila, dijo que la nulidad de la elección es la sanción más grave a un proceso electoral, y que los tribunales electorales tienen la capacidad para que, si en un proceso a juicio de alguien hay conductas que puedan configurar Violencia Política por Razón de Género desde el inicio, se tomen las medidas necesarias para reestablecer la situación y no prevalezca en el proceso electoral.

Agregó que en el caso de incluir la violencia política de género como causal de nulidad, las voces a favor y en contra requieren expresarse por medio de foros y de análisis. 

Alertó, no óbstate, que los grupos parlamentarios e incluso los partidos políticos gozan del derecho de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso si esa reforma queda incorporada al marco jurídico mexicano, los Tribunales Electorales cuentan con la capacidad de revisar la propia constitucionalidad del decreto.

“(La reforma) ha sido presentada a la instancia que debe examinarla con detenimiento, reflexionarla y ser prudente de la organización de foros y estos sean producto, o resultado de un análisis cuidadoso, respetuoso y escuchando las voces en contra o favor”.

Recordó que en el caso de la Violencia Política de Género, la sanción contra esta práctica proviene de una evolución iniciada desde 10 años atrás, con las denominadas “Juanitas” que eran propietarias de cargos de elección popular, heredados a un suplente varón al solicitar licencia.

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