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Fiscalía retrasó registro de desaparecido por siete años

  • Isabel Ortega
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) observó que por cinco años y siete meses la investigación estuvo estancada.

 Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado, en el periodo de Amadeo Flores Espinoza, Luis Ángel Bravo y Jorge Winckler, fue omisa en registrar la desaparición de un joven que fue levantado en abril del 2012. Fue hasta el 2019 cuando se incorporaron sus datos al registro de personas desaparecidas.

La recomendación 138/2020 expone las deficiencias que se cometieron de parte de funcionario de la FGE, lo que propició que la investigación ministerial no presente avances.

En 2012 un joven fue levantado en la cercanía de la iglesia de la colonia El Moral, en la capital del estado, mientras convivía con dos personas. Cinco sujetos armados, a bordo de un automóvil, se lo llevaron y desde esa fecha no se conoce su paradero.

Su mamá, que fue quien interpuso la queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fue alertada por vecinos y después recibió un anónimo en el que confirmaban el la privación ilegal de la libertad, a pesar de que entregó el documento como prueba y señaló a testigos de los hechos -al momento de presentar la denuncia- el Ministerio Público no los obligó a comparecer.

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La querella se presentó el 12 de abril, un día después se giró la orden a la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) para que se abocara a la investigación de los hechos. Si bien, la petición se atendió, pasó un año y cinco meses, para que se percataran que los agentes no habían rendido informe respecto de las acciones de investigación y búsqueda. El informe se presentó el 04 de octubre del 2013.

El relato de la recomendación detalla que fue hasta marzo del 2014 cuando se retomó la búsqueda de testigos, para el 2015 un Fiscal determinó que no era necesaria la presentación de las personas que atestiguaron el plagio.

Fue hasta el 2017 que se giró una orden de presentación de las personas con las que convivía el joven desaparecido. Los documentos solo se dejaron en las inmediaciones del hogar, sin entregarlo a los interesados o algún familiar.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no encontró la declaración de los testigos, pues estos nunca se presentaron; la autoridad tampoco implementó nuevas acciones para notificar en una segunda ocasión la necesidad de la comparecencia.

Según protocolos establecidos una vez que se presentó la denuncia por desaparición, los trabajadores de la Fiscalía debían enviar los datos del joven al Sistema de Registro Único de Personas Desaparecidas; aunque se giraron los oficios no se entregaron a las áreas competentes, por lo que el joven no fue ingresado al registro.

Ya en el periodo de Jorge Winckler Ortiz, el 13 de marzo de 2019,  la madre presentó los datos de un tercer testigo y hasta el 28 de enero de 2020, como responsable Verónica Hernández Giadáns, no se tiene evidencia de que se haya girado citatorio de la nueva persona que observó el plagio..

En la investigación se incorporaron datos sobre la búsqueda en la Academia del Lencero, pero no hay una explicación del porqué se determinó buscar al joven en esa zona que, en la época del duartismo, se ubicó como el último punto de celulares de jóvenes reportados como desaparecidos.

La investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos evidenció que desde el 2012 a la fecha por un periodo de cinco años siete meses no se realizó ninguna acción tendiente a fortalecer la investigación ministerial, pese a que existían indicios o elementos que podrían abonar a la búsqueda y localización del joven. 

La autoridad justificó las pocas diligencias al hecho de que tenían varios casos que investigar, explicó la madre afectada. 

La familia se sometió a dos pruebas de ADN, a pesar de que el joven no estaba dentro del sistema de personas no localizadas y sería imposible encontrar datos que coincidieran; además solicitaron entrar al Servicio Médico Forense (Semefo) para buscar a su familiar entre los cuerpos no identificados, pero no recibieron respuesta favorable.

Por lo anterior, la Comisión pidió a la Fiscalía realizar acciones tendientes a reparar el daño de las víctimas y realizar una investigación interna para determinar si existen omisiones y sancionar a los responsables.

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