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28-S, sin importar siglas partidistas, en Veracruz se evita regularizar la ILE

  • Isabel Ortega
Desde hace 11 años se ha intentado despenalizar el aborto; solo se logró evitar la detención de las mujeres por interrumpir un embarazo

Xalapa, Ver.- Las últimas cuatro legislaturas, con mayoría del PRI, PAN y Morena, han sido omisas en su obligación de regular el aborto legal en Veracruz. La 61 Legislatura -electa para el periodo 2007-2010, se limitó a eliminar la pena privativa de libertad, sin embargo, impuso como sanción someter a tratamiento psicológico a las mujeres por interrumpir su embarazo.

Este 28 de septiembre, centenas de mujeres salieron a las calles a manifestarse en el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, para exigir su derecho a no ser criminalizadas por decidir sobre su cuerpo.

En contraparte, de la 65 Legislatura -la primera Cámara paritaria- solo la diputada local Mónica Robles Barajas se pronunció por la urgencia de reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Desde el año 2009, cuando se eliminó la sanción penal contra las mujeres que interrumpían un embarazo, los avances para garantizar un aborto legal se han quedado en compromisos de campaña, intentos por legislar, o dictámenes que se consideran improcedentes, a pesar de la segunda Alerta de Género por Agravio Comparado que se emitió en el año 2017.

La Iglesia Católica y grupos Profamilia se mantienen como el contrapeso, desde hace más de una década, para evitar que se promueva desde cualquier congreso local, sin importar el partido que tenga mayoría, la agenda que impulse derechos de cuarta generación.

Datos estadísticos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que aprobó la Interrupción Legal del Embarazo en 2017- reportan que 227 mil 686 han interrumpido un embarazo de julio del 2017 a junio del 2020. De ese universo 545 mujeres tenían residencia en Veracruz y viajaron al centro del país para practicar un ILE.

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El número de casos acumulados en los últimos 12 años ubican a Veracruz como la entidad número siete con mayor incidencia en interrupción del embarazo. Las edades van desde los 14 y hasta los 54 años; 4 de cada 10 abortos se practican entre mujeres de 18 a 24 años; y el nivel de escolaridad es indistinto.

A nivel nacional, hasta la primera semana de septiembre de 2020, la Secretaría de Salud Federal registró 613 muertes maternas, de ese total, 43 se reportaron como consecuencia de un aborto.

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Alerta por agravio comparado 

En Veracruz, de acuerdo con el Código Penal existen cinco causas legales de aborto: por violación, inseminación artificial no consentida, peligro de muerte, alteraciones congénitas o genéticas, siempre y cuando se practique en los primeros 90 días de gestación.

Si no se cumple alguna de esas causales, cualquier mujer que decida interrumpir su embarazo es sometida a tratamiento psicológico, lo que es considerado -por voces feministas- un trato desigual o de alguien que padece de sus facultades mentales.

Lo establecido en la ley llevó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim) a emitir la segunda Alerta de Género para Veracruz el 13 de diciembre de 2017.

La declaratoria, que fue notificada al gobierno de Miguel Ángel Yunes y a la 64 Legislatura con mayoría panista, pedía entre otras acciones modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal.

Se proponía la difusión de la norma NOM 046 “para la adecuada y diligente atención a víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por violación.”

Se pedía a la Secretaría de Salud (SSA) generar esquemas para la difusión entre la población sobre el reconocimiento del ILE como un servicio de salud al que las mujeres tienen derecho y garantizar que en todas las regiones se cuenten con centros de salud en los que se provean servicios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos para ello.

En ese momento un grupo de legisladoras de Morena insistió en la necesidad de actualizar la ley local. Tanya Carola Viveros presentó la iniciativa que atendía la recomendación de la Conavim, sin embargo, por mayoría de voto el PAN determinó que era improcedente. 

El argumento fue que no se podía establecer la semana 12 para interrumpir el embarazo, cuando la Constitución local -en su artículo 4- establece el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

LXV legislatura se subordina a la iglesia 

La llegada de Morena como primer fuerza política en el Congreso y el Gobierno, generó muchas expectativas sobre los temas pendientes de regular. En noviembre del 2019 cuando asumió la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local, Rubén Ríos Uribe, adelantó que se legislaría sobre el matrimonio igualitario y el aborto.

A casi un año de ser el presidente de la 65 Legislatura los dos temas han quedado pendientes; la iglesia como los grupos Profamilia han presionado para que Morena deje de lado lo que en otro momento se consideró prioridad.

La 65 Legislatura es la primera Cámara con la representación de 25 mujeres y 25 hombres, de ese universo solo la morenista Mónica Robles Barajas se pronunció sobre el día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

“La criminalización del #Aborto atenta contra la dignidad y salud de las mujeres, por ello, en el Día por la Despenalización del Aborto, juntas alzamos la voz, para unirnos en una sola y exigir que nuestros derechos sexuales y reproductivos, sean una realidad”, subió a sus redes sociales.

Penalizar la decisión de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado, es una violencia de Estado, que se suma al cúmulo de violencias estructurales ejercidas contra las mujeres, expuso.

El gran avance legislativo

En 2009, cuando estaba en funciones la 61 Legislatura con mayoría del PRI, se dio el cambio número 32 al código penal. El PRD presentó una iniciativa para despenalizar el aborto, la intención era eliminar todas las sanciones, incluso las privativas de libertad, para quien interrumpiera un embarazo.

La propuesta se adecuó en comisiones, la Iglesia Católica -al igual que en la actualidad- se manifestó en contra y sólo se permitió reducir la sanción de las mujeres a recibir un tratamiento psicológico por abortar.

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