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Congreso abre la puerta para aumentar magistrados del TSJE

  • Isabel Ortega
Al incorporar paridad de género en nombramiento de togados podrían reinstalar a Marco Antonio Lezama, Roberto Dorantes y Gladys Pérez

En medio de la batalla legal por la reinstalación de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el Congreso local modificó la ley orgánica del Poder Judicial, para incorporar la paridad de género en el nombramiento de togados, lo que abre la puerta de más espacios para especialistas en derecho.

La reforma que se aprobó en el mes de septiembre, como parte de un paquete de cambios a diversas leyes locales, establece que el TSJE se integrará por 33 magistrados y detalla, en el segundo párrafo del artículo 11, que se podrá disponer de un número mayor o menor de magistrados o magistradas o Salas para la integración del Tribunal Superior de Justicia.

Actualmente el poder judicial se compone por 36 magistrados, más los representantes del poder legislativo y ejecutivo que forman parte del Consejo de la Judicatura. En los números hay 20 magistradas mujeres y 16 hombres. De ese universo, el Tribunal Superior de Justicia, donde se busca garantizar la paridad, está integrado por 17 mujeres, incluida la presidenta, y 16 hombres. 

Abogados consultados por este medio, confirmaron que la paridad permitiría al Congreso local abrir una puerta para reinstalar a los magistrados, Marco Antonio Lezama Moo, Roberto Dorantes y Gladys Pérez Maldonado, ganaron amparos judiciales. Al incorporarlos al trabajo judicial cada género contaría con 18 representantes.

Por lo que al garantizar igual número de magistrados hombres y mujeres podrían evitar sanciones penales o administrativas por no atender los amparos, y mantendrían los nombramientos que validaron en el mes de julio a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez,

La historia 

En la última sesión del período se votaron las seis propuestas que había remitido el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Ese día se nombró a Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez, Aileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla Castillo como nuevos magistrados por un período de 10 años.

Previo a la votación el Congreso local fue notificado de los amparos ganados por dos magistrados, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes, sin embargo, fue hasta el mes de agosto cuando dieron entrada a las notificaciones.

En el caso de Gloria Pérez Maldonado se publicó en los estrados del Poder Judicial la instrucción de que no se podría dar el nombramiento de su suplente, en tanto se resolvía la viabilidad de que fuera reevaluada para mantenerse en la magistratura por un segundo periodo de cinco años.

Ante la obligación de reinstalarlos, el área jurídica impugnó el amparo y el presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, amagó con denunciar a los jueces que buscaron hacer valer un derecho adquirido, es especial cuando dos de los tres magistrados amparados ya superaban el requisito de la edad, por lo que no podría mantenerse en el TSJE.

Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes fueron nombrados en 2015, por un periodo de 10 años; para el 2017 se reformó la ley y se estableció los 70 años como la edad máxima para mantenerse en la magistratura, por lo que recurrieron al amparo para ser removidos, y a pesar de que obtuvieron la protección de la ley fueron separados del cargo y los sacaron de nómina desde el mes de agosto.

Sofia Martínez Huerta no atiende determinación del Congreso

Tras el nombramiento de los nuevos magistrados se dio un reacomodo en las salas, lo que generó una disputa, pues la magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta, determinó adscribir de manera unilateral a los nuevos integrantes del Poder Judicial, violentando el acuerdo que emitió el Congreso y que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado.

La asignación quedó de la siguiente manera, la Primera Sala está integrada por las magistradas Claudia Reséndiz Aguilar, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre; Martha Ramírez Trejo; la Segunda Sala: Esteban Martínez Vázquez, Florencia Cruz Fernández y Denisse de los Ángeles Uribe Obregón.

En la Tercera Sala los magistrados adscritos son María del Socorro Hernández Cadena, Julio César Díaz Hernández, Aileth García Cayetano; la Cuarta Sala: Sergio Jiménez Maraboto, Patricia Montelongo Guerrero, Cándido Nicanor Rivera; Quinta Sala: Amadeo Flores Villalba, Beatriz Rivera Hernandez, Isabel Inés Romero Cruz.

La Sexta Sala la preside Yolanda Cecilia Castañeda, y la integran Roberto Armando Martínez Sánchez y Jorge Espinosa Castillo; la Octava Sala, opera apoyada de los magistrados: María Lilia Viveros Sánchez, Gilberto Ignacio Bello Nájera y Jorge Espinosa Castillo.

A la Sala Constitucional están adscritos las magistradas Bertha Inés Chávez Méndez, Alma Rosa Flores Ceballos, Rosalba Hernández Hernández; son visitadores los magistrados Adolfo Cortés Veneroso, Pedro Luis Reyes Marín, Vicente Morales Cabrera, Fluvio César Rafael Vista; Gabriel Hernández Viveros.

Están integrados al Consejo de la Judicatura los magistrados Andrés Cruz Ibarra y Antonio Sobrevilla Castillo, la Sala Constitucional Raúl Pimentel Murrieta.

En el caso del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que forma parte del Poder Judicial pero no del TSJE, no hay paridad pues esta integrado por las magistradas Itzel Castro Castillo; Lizbeth Hernández Ribbón y Graciela Patricia Berlín Mendoza.

Qué dice la ley

Con la modificación que se validó recientemente se establece en el artículo 11 que el Tribunal Superior de Justicia se integrará con treinta y tres magistradas y magistrados electos bajo el principio de paridad de género, y funcionará en Pleno y en Salas. 

Quedan comprendidos dentro de éstos, la magistrada o magistrado presidente, las magistradas o magistrados visitadores y aquellos que integran las Salas en Materia Civil, Penal, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional y las Salas en Materia de Familia.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, excepcionalmente, podrá disponer de un número mayor o menor de magistrados o magistradas o Salas para la integración del Tribunal Superior de Justicia, siempre que exista una causa justificada y de acuerdo con las necesidades del servicio.

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