Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción

  • Joel Salas Suárez

Ahora que la nueva legislación en materia de combate a la corrupción se debate en los diversos foros que organiza el Congreso, hay que recordar que la implementación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha generado grandes expectativas en la población; en particular, la posibilidad de construir una nueva relación de control y colaboración con sus autoridades. No cabe duda que esperamos resultados en el corto plazo. Si ambos sistemas no los dan, la desconfianza en las autoridades y en la democracia podría aumentar.

Por esas razones, necesitamos el mejor marco normativo posible y asegurarnos que su implementación sea efectiva y dé resultados. Merilee S. Grindle advirtió con claridad: la brecha de la implementación “es la disparidad que frecuentemente hay entre lo que se anuncia como política y lo que en realidad se ejecuta… Las políticas pueden surgir en un sentido legal y formal, pero esto no asegura que serán efectivamente ejecutadas… si no se atiende la brecha de implementación se puede debilitar la aprobación ciudadana del desempeño gubernamental, provocar decepción cuando las políticas prometidas no son efectivamente ejecutadas o peor, llevar a un cinismo sobre la democracia general.”

Planteo cuatro reflexiones con la intención de reducir la brecha de la implementación y prevenir el desencanto ciudadano al echar a andar el SNA. Primera, necesitamos ir más allá del enfoque punitivo y reconocer que la corrupción es un sistema, es decir, un conjunto de reglas, rutinas, costumbres, discursos e instituciones dentro de los que interactuamos y que nos han llevado a normalizarla. El reto es romper cada uno de los elementos de ese sistema. ¿Las acciones incluidas en las diversas iniciativas contemplan políticas públicas de prevención y control que permitan hacerlo? Ante las altas expectativas de la población, no tenemos margen para improvisar.

Segunda reflexión: la población debe ser el centro del SNA. Fue ella la que llamó a las autoridades a tomar medidas contundentes para combatir la corrupción y espera ser involucrada. Si bien el Sistema contempla mecanismos para fomentar la participación ciudadana, es necesario que estos mecanismos brinden a toda la población la oportunidad de involucrarse de manera cotidiana y segura. De las iniciativas a discusión, al menos dos contemplan mecanismos de denuncia ciudadana. Sin embargo, aún es necesario definir con mayor claridad sus alcances y cómo podrá la población denunciar a posibles servidores públicos corruptos o actos de corrupción. Me refiero a generar una suerte de ventanillas únicas a nivel nacional que reciban las denuncias y las canalicen a la instancias correspondientes: SFP, PGR, Fiscalía o las adecuadas en los estados. Evitemos que el ciudadano recorra ventanillas y ventanillas porque no sabe cuál es la adecuada para hacer su denuncia. Esto es de vital importancia porque es una de las posibilidades de vincular el Sistema Nacional de Transparencia y el Anticorrupción: el derecho de acceso a la información puede servir a los ciudadanos para requerir cuentas a los servidores públicos y, ante casos sospechosos, fundamentar su denuncia. Se generaría un círculo virtuoso en que transparencia y combate a la corrupción se complementan entre sí.

Aquí cabe hacer un paréntesis. No paso por alto que también debe fortalecerse la capacidad de integrar expedientes y de investigación de la autoridad fiscalizadora, por esa razón debemos permitir que la población colabore en esos procesos. Así también combatiremos la impunidad.

Tercera reflexión: es necesario incluir la evaluación del desempeño del SNA en la legislación de la materia. Se deben rendir cuentas claras sobre los resultados de las acciones que emprende cada autoridad que lo integra en función de sus atribuciones. De acuerdo con estudios de caso internacionales de la ONU y el Banco Mundial, podemos decir que el éxito de este tipo de reformas depende en gran medida de la confianza que la población tenga en cada una de las instituciones  responsables de implementarla.

Las normas se modifican para cambiar comportamientos; transformarlos requiere de un amplio respaldo y consenso social en torno a la reforma, además de voluntad política y liderazgo para implementarla. Si esto es así, los mexicanos tienen derecho a conocer mediante indicadores objetivos los avances de la implementación y los resultados obtenidos. Esto implica definir con precisión la responsabilidad que tiene cada agencia en el logro de los objetivos de la reforma, al igual que el tipo de acciones-sanciones que deberá ejecutar.

En breve redactaremos un nuevo plan de acción en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Organizaciones de la sociedad civil, Presidencia de la República e INAI determinamos que una de las prioridades serán compromisos puntuales para luchar contra la corrupción. Así abrimos otro espacio para implementar el SNA con el seguimiento puntual de la sociedad civil.

Cuarta reflexión: el Sistema Nacional Anticorrupción debe coordinarse con el Sistema Nacional de Transparencia. Al menos una de las iniciativas de ley que se discuten lo establece. El contacto permanente entre las instancias coordinadoras de los sistemas permitiría aprovechar la información generada en cada uno de los ámbitos de competencia, sin necesidad de replicarla, así como instrumentar las acciones necesarias para garantizar el acceso a la información de la población en los casos relacionados con hechos de corrupción.

El SNA y el SNT reflejan el país que deseamos: uno de instituciones transparentes, sin corrupción ni impunidad y en el que las decisiones se toman de la mano entre las autoridades y la población. No dejemos pasar esta oportunidad histórica para que ese país sea real, para que sea México.

Joel Salas Suárez

Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.

Twitter: @joelsas 

1 Confr. http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/iniciativas.php y http://ley3de3.mx/

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Joel Salas Suárez

Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Paris III-Sorbonne Nouvelle y cuenta con estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, Francia.

Se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, desde donde coordinó con el IFAI y la Sociedad Civil la redacción del Plan de Acción que México presentó en la Open Government Partnership (OGP). Además, durante el 2012, fue presidente del Grupo Anticorrupción del G20.

Actualmente es comisionado del INAI y coordina las comisiones de Políticas de Acceso a la Información y la de Gobierno Abierto y Transparencia.