El último regalo, no llegó

  • Jorge A. González

El gobernador Javier Duarte de Ochoa  envió al Congreso Local una iniciativa que Reforma la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

El mandatario está facultado para enviar al congreso iniciativas y reformas a la cámara local, pero en esta ocasión no se trata de cualquier solicitud.

Antes de contarles, no está demás ponerlos en contexto amigos lectores.

El gobernador veracruzano no sólo puso al Fiscal General del Estado Luis Ángel Bravo Contreras, responsable de impartir justicia en la entidad.

Lo dotó además de autonomía, de dos helicópteros, de terrenos y del  1.5 % del presupuesto anual del estado.

En breve, Duarte de Ochoa  también designará vía “mayoriteo del PRI” al Fiscal Anticorrupción, en medio de una convocatoria lanzada a modo.

Bajo el mismo mecanismo buscará colocar a un Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), responsable de facilitar información de interés público.

Pero la historia no terminó ahí.  Los diputados del PRI  pretendían darle este jueves su último regalo al gobernador, pero desgraciadamente tuvieron que echar reversa.

 La bancada del PAN echó abajo tal reforma, con la que el gobernador dejaría instalada la Sala Anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Dicha reforma buscaría que la sala contara con tres magistrados propuesto por el mismo Fiscal Anticorrupción, y que estos funcionarios estuviesen  en el cargo durante 10 años.

Tal remedo legislativo fue regresado a comisiones luego de que sus integrantes omitieron mencionar el artículo 36 en la Gaceta Oficial, que establece que el Consejo de la Judicatura será el que determine la adscripción de los nuevos magistrados.

Pasar por alto tal artículo, representa violentar la autonomía del Poder Judicial bajo la irresponsabilidad e ignorancia del Poder Legislativo.

Es importante mencionar que todas estas solicitudes han llegado al congreso a petición del gobernador del estado, de una sola persona.

Y aquí tendríamos que detenernos un momento ¿De qué le sirve a los veracruzanos  todas estas acciones lanzadas y aprobadas con tanta premura?

Vamos por partes:

¿A quién le conviene tener de su lado al Fiscal General del Estado?

¿A quién le conviene tener de su lado al Fiscal Anticorrupción?

¿A quién le conviene tener de su lado al Comisionado del IVAI?

¿A quién le conviene tener de su lado a los magistrados en materia de anticorrupción?

Sí, sí señores, tienen ustedes razón, a nadie le conviene más que al propio Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado de Veracruz. Ya se va, pero quiere dejar amarrada toda posibilidad de que se le cuestione, de que se le juzgue y de que rinda cuentas ante los veracruzanos.

Sólo que en su última petición se le pasó la mano, ya que tratar de imponer magistrados por diez años para impartir justicia y fincar responsabilidad a los servidores públicos que afecten al patrimonio de los entes públicos, no es del todo una tarea propia de su encargo.

Habrá que escuchar qué dice al respecto y qué acciones toma el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando el ejecutivo estatal está a punto de intervenir dentro de sus facultades  y atribuciones. En sus desesperación, al gobernador se le olvidó que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están claramente definidos desde hace muchos años.