Javier Duarte está solo

  • Jorge A. González

Sin duda la presión social en el estado de Veracruz surtió efecto, el gobierno de Enrique Peña Nieto no pudo más.

Sostener políticas emanadas de un hombre cegado por el poder y la soberbia eran una bomba de tiempo.

Este lunes por la mañana Presidencia de la República ofreció rueda de prensa en la capital del país.

Enrique Peña Nieto interpone acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra Congreso del Estado de Veracruz y Javier Duarte de Ochoa.

Los motivos son justos, válidos y urgentes. Las acciones son tardías pero más vale tarde que nunca. 

Ningún funcionario público, ya sea el gobernador vía iniciativa  o el congreso local pueden legislar en materia anticorrupción hasta entonces.

Lo anterior fue anunciado en cadena nacional por Salvador Sandoval Silva, Sub Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.

La advertencia fue clara y directa para los congresos locales de todo el país, sin excepción alguna.

Y no sólo eso, el mensaje fue directo para  Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz,  y Roberto Borges, de Quintana Roo.

¿En qué consiste la acción de inconstitucionalidad?

Que se reviertan, revisen y se castiguen aquellos actos que van en contra de la Constitución, y cómo todos sabemos, en teoría nada ni nadie puede estar por encima de nuestra Carta Magna.

Con esto nos queda más que claro que el Presidente ha soltado de la mano a Duarte, y no sólo eso, lo ha soltado al abismo.

Sandoval dijo que al aprobarse la Ley General Anticorrupción el 27 de mayo del 2015, dichas acciones erróneas impulsadas por Duarte por medio de su congreso ya estaban previstas, mismas que pasó por alto.

Por tal razón, Peña Nieto a través de la PGR solicita a la SCJN advierta a las entidades federativas que carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción.

Y fue más preciso: “Que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias” en base a “normas que carecen de sustento constitucional”.

Se refirió justo a los nombramientos que pretendía el ejecutivo estatal veracruzano como: Contralores Generales de los Estados, Fiscales Especializados en Combates a la Corrupción, así como Magistrados en materia Anticorrupción.

El funcionario de la PGR fue aún más específico y comentó algo que los diputados de oposición en el congreso local –sobre todo los del PAN- repitieron hasta el cansancio ante los oídos sordos de los legisladores del PRI.

“Que el Sistema Nacional Anticorrupción sería diseñado a partir de dos leyes que hasta hoy no han sido publicada ni entrado en vigor: La Ley General el Sistema Anticorrupción, y la Ley general de Responsabilidades Administrativas”.

Por lógica política, no se pueden generar leyes secundarias si no se han implementado las leyes generales, un principio básico que cualquier abogado o constitucionalista sabe.

Esto nos lleva a pensar que los asesores de Duarte respondían a los caprichos del mandatario y no a sus conocimientos, en su desesperación de salir impune de la loza de corrupción que trae encima. 

De esta manera, con un mensaje claro y enérgico desde arriba, el gobernador Javier Duarte de Ochoa está imposibilitado para fraguar cualquier escudo de protección; mientras tanto en muy poco tiempo carecerá de fuero constitucional.

Este primer aviso fue claro y contundente, ya no fueron palabras, consejos y observaciones del titular de gobernación, sino de acciones giradas a través de la PGR con destino a la SCJN por parte del Presidente de la República.

A los asesores, funcionarios, secretarios de despacho, diputados y demás cercanos al gobernador tendrán que ir poniendo “sus barbas a remojar”.

Si bien se le ha tildado a este gobierno federal de torpe, no olvidemos que fue el mismo que le quitó el poder a la maestra Elba Esther Gordillo, Líder del SNTE y la metió a la cárcel sin menoscabo.

Existen todos los elementos para que el gobernador de Veracruz comparezca ante la justicia para aclarar denuncias, desvíos de recursos, conflicto de intereses y enriquecimiento ilícito.

La pregunta sería hoy ¿Qué le representa a estas alturas Javier Duarte a Peña Nieto? Usted puede hacer su propio juicio, pero el mío es: nada; más que sombra y desprestigio para su partido.

Veremos con qué cara sesionarán los diputados locales del PRI el próximo martes.

Y no hay que perder de vista que hay dos iniciativas pendientes de aprobar que el gobernador envió al congreso.

Las dos son descabelladas: la basificación masiva de más de 24 mil trabajadores para afectar el presupuesto del gobernador entrante.

Y una segunda, destinar el recurso del 3% a la nómina de los empresarios al pago de deuda a proveedores, cuando el fondo es para obra pública según lo estipulado en la creación del fideicomiso. 

Retirar estas dos iniciativas o continuar en el intento definirá en breve la actitud del gobernador después de este duro golpe a su persona y a su administración. ¿Optará por más rebeldía o apelará por fin a la cordura?

Y para cerrar el día negro de Duarte, Héctor Yunes Landa, ex candidato a gobernador de Veracruz por el PRI y partidos aliados no sólo le da la espalda, le exige pida licencia "por dignidad" y se aparte del cargo.

No hay duda. Duarte está solo.

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