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  • Joel Hernández Santiago
¿Quién tiene más culpa, el que estira la mano para recibir o el que extiende la mano para corromper?

“O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: ¿el que peca por la paga o el que paga por pecar?”. Pues no andaba tan equivocada Sor Juana en eso de dirimir quién tiene más culpa, el que estira la mano para recibir o el que extiende la mano para corromper…

Esto es: Dice INEGI que en 2016 –según sus estudios misteriosos-, los negocios y empresas de todos tamaños en México tuvieron que pagar 1,600 millones de pesos por actos de corrupción en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con autoridades federales, estatales o municipales. 

E informa el mismo Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que “Las unidades económicas entrevistadas respondieron que los actos de corrupción que con mayor frecuencia se dan, se producen en primer lugar para agilizar trámites, con un 64.6%; en segundo lugar, para evitar multas y sanciones con un 39.4% y en tercer lugar para obtener licencias o permisos en un 30.7%” según el presidente de esta institución, Julio Santaella.

La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, dice que las empresas perdieron 1,600 millones de pesos, aunque eso de que perdieron está por verse.

Porque estas empresas con grandes y medianos empresarios pagaron voluntariamente cantidades estratosféricas para solucionar problemas de burocratismo, retrasos en papeleo, idas y vueltas siempre con el faltante de algún documento o requisito, o aun sin cumplir con los requisitos…

Y ‘caen’ gustosos en la carpeta abierta o el cajón de escritorio repleto, si consiguen la inmediatez o ‘la vista gorda del burócrata’, aunque incrementen sus costos y gastos de operación…

Porque al final de cuentas los llorones empresarios no pierden nada pues saben que esta ‘inversión’ la repercutirán en los costos y precios de productos y servicios que ofrecen al consumidor. Así que, somos los contribuyentes los que al final pagamos los chanchullos acordados entre ambas partes.

Y sin embargo esto es un mínimo ejemplo de la corrupción galopante en este país tan dado a solucionar las cosas por la vía de la famosa “simplificación administrativa”.

Desde las oficinas o ventanillas o blocks del gendarme desconocido en las calles, por todos lados supura esa corrupción sin que nadie haga nada por contenerla, por solucionar, por ciertamente simplificar los trámites y requisitos de gobierno, tanto en lo federal como en lo estatal o municipal. Todo está hecho para inducir a la indecencia en perjuicio de la Hacienda nacional…

Aunque la enorme e insaciable y voraz corrupción está en la espuma del poder político nacional; está en el gobierno supremo y sus operadores que cada vez más son expuestos no por voluntad de gobierno cómplice sino por el clamor social que ya da muestras de fastidio e indignación.

Es el caso de gobernadores que están en capilla, los dos Duarte (Chihuahua y Veracruz), Borge (Quintana Roo) y otros más que con amparo o desamparo están por ahí defendiéndose de los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, fraude, tráfico de influencias y más…

Ahí está Javier Duarte de Ochoa, capturado el 14 de abril en Guatemala. Su sonrisa sardónica durante su presentación ante la autoridad guatemalteca es un mensaje para quienes desde el gobierno federal y de Veracruz lo acusan: sabe cosas, saben que sabe cosas y él está preparado para enfrentar las acusaciones en cualquier terreno… Lo sabe y sonríe…

Y César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, a quien originalmente se le presumían delitos de peculado y que luego de todo, el 30 de junio pasado, simple y sencillamente un juez de Chihuahua le gira orden de aprehensión solicitado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por presuntos delitos electorales en financiamiento ilícito (al PRI) (¿Quién recibió ese dinero en el PRI y dónde está ese dinero, señor anticorrupción Ochoa Reza?)

Así que todo esto quedará en agua de borrajas porque el delito, según la FEPADE, se integró a partir de descuentos a las compensaciones a jefes de departamento y superiores. Esto es que los empleados de Chihuahua aportarían a las finanzas del PRI una buena cantidad de su trabajo. Pero ¿ese es todo el delito?...

Y muchos casos más de gobernadores, altos funcionarios, legisladores y gente de mirada superaquilina que trasquilaron mediante corrupción al país, a sus estados, a los municipios, a los legislativos y a jueces incorruptibles pero a los  que pudieron llegar al precio.

Y ahora resulta que, según políticos locales en Nayarit, (PRD, PAN, PT, Morena) pidieron a la autoridad federal castigar –si hay elementos- al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (PRI) por presunta comisión de delitos como delincuencia organizada y narcotráfico. Se le presumen vínculos con el ex fiscal de la entidad, ahora detenido en Estados Unidos, Edgar Veytia…

Y así la historia de la corrupción por burocracia y la corrupción por saqueo en este país en el que parece que todo se ve, y todo se perdona… ¿Y las fiscalías anticorrupción, transparencia, función pública…? ¿Cuánto nos cuestan?

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Joel Hernández Santiago

Es periodista y editor. Ha sido editorialista en UnomásUno, La Jornada, El Financiero y más. Fue coordinador de opinión de El Financiero y director de Opinión de El Universal. Fue editor en la UNESCO y de Le Monde diplomatique. Ha coordinado obras como: "Planes en la nación mexicana", con El Colegio de México y "Pensar a David Ibarra", el más reciente.